TOLEDO, 6 (EUROPA PRESS)
Los 67 dispositivos de atención a la salud mental y/o adicciones y personas con enfermedad mental en riesgo de exclusión social gestionados o financiados por la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha atendieron el año pasado a cerca de 4.200 personas, tal y como recoge la memoria que ha sido presentada a los miembros de su patronato reunido recientemente bajo la presidencia del consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz.
La puesta en marcha del Plan de Salud Mental 2018-2025, el Plan de Salud de Castilla-La Mancha Horizonte 25 y la Estrategia Nacional de Salud Mental han orientado la actividad de la fundación, cuya misión es la prevención, rehabilitación y el apoyo social y laboral de las personas con problemas de salud mental y otras enfermedades de larga evolución y/o en riesgo de exclusión social, ha informado en nota de prensa el Gobierno regional.
“Esta atención no sería posible sin la colaboración que desde su creación mantiene la Fundación Sociosanitaria con las entidades del tercer sector que, año tras año, a través de diferentes convocatorias de subvenciones se adhieren al compromiso de acompañar a las personas que precisan de apoyo para mejorar su calidad de vida”, ha señalado la directora general de Humanización y Atención Sociosanitaria, María Teresa Marín.
Durante 2022, la gestión directa o indirecta se ha desarrollado sobre un total de 67 dispositivos asistenciales especializados en la atención de personas adultas con problemas de salud mental; menores con necesidades sociosanitarias y educativas; adultos que requieren de apoyo en el ejercicio de su capacidad jurídica reconocida judicialmente; adultos con problemas de consumo de sustancias y adultos en riesgo de exclusión social con enfermedades crónicas.
Dentro de los dispositivos con los que cuenta la fundación se encuentran 19 Centros de Rehabilitación Psicosocial y Laboral (CRPSL), doce de ellos de gestión directa y siete de forma indirecta, que el año pasado atendieron a 1.950 pacientes.
Los CRPSL son dispositivos de carácter ambulatorio que ofrecen apoyo profesional y una atención integral especializada en rehabilitación psicosocial y laboral, apoyo comunitario y soporte social para mejorar la autonomía personal y social y la integración comunitaria de personas con diagnóstico de trastorno mental grave de entre 18 y 65 años y a sus familiares en colaboración con el Servicio de Salud regional (SESCAM).
Por otra parte, la Fundación Sociosanitaria dispone de cuatro residencias comunitarias, 32 viviendas supervisadas y dos conciertos de plazas sociosanitarias en residencias de mayores. Estos dispositivos asistenciales atendieron durante el año 2022 a un total de 480 personas.
Las residencias comunitarias y las viviendas supervisadas son dispositivos especializados que ofrecen una atención integral a personas con trastorno mental grave orientada a favorecer su proceso de recuperación personal e inclusión social, a mejorar su calidad de vida, a promover mayores niveles de autonomía en todos los ámbitos y a prevenir el deterioro en el funcionamiento psicosocial y el riesgo de exclusión social.
ATENCIÓN A MENORES
El Centro de Atención Especializada al Menor (CAEM) gestionado por la fundación prestó atención el año pasado a 17 menores. En este dispositivo se ofrece atención integral de las necesidades de aquellos adolescentes cuyos problemas de conducta han desbordado la capacidad resolutiva y abordaje personal, familiar y de los dispositivos normalizados y especializados que ofrece el entorno.
La intervención se orienta a la recuperación o adquisición por parte de los chicos y chicas de recursos personales que faciliten su autonomía, su funcionamiento socio-familiar y su desarrollo personal y educativo, con el objetivo de su reinserción en un entorno normalizado.
COMUNIDADES TERAPÉUTICAS Y CENTROS SOCIOSANITARIOS
Por otra parte, en el año 2022, las 146 plazas públicas disponibles en siete comunidades terapéuticas fueron gestionadas en colaboración con entidades privadas sin ánimo de lucro y atendieron a un total de 381 personas.
Estos dispositivos ofrecen atención a personas con problemas de consumo de sustancias y que requieren una intervención en un medio más estructurado de internamiento.
En ellos se llevan a cabo programas y actividades encaminadas al aprendizaje de hábitos y a la programación de la vida diaria de la persona, con el fin de lograr objetivos de intervención difícilmente abordables de forma ambulatoria o en el medio social en el que se desenvuelve la persona drogodependiente.
De otro lado, para la atención a personas con enfermedades crónicas en situación de riesgo de exclusión social, la Fundación Sociosanitaria colabora con dos entidades que prestan servicio de alojamiento y convivencia con un total de 40 plazas, en las que el año pasado fueron atendidas un total de 47 personas.
Estos dispositivos ofrecen apoyo a personas y colectivos con necesidades específicas que se encuentran en situación de exclusión social debido a problemas crónicos y/o agudos de salud.
Son personas que, no necesitando hospitalización, no cuentan con apoyo sociofamiliar y económico necesario para seguir las pautas y tratamientos médicos y sanitarios recomendados.
PROGRAMAS DE ATENCIÓN
La Fundación Sociosanitaria desarrolla igualmente cuatro programas de atención, entre los que se encuentra el programa Incorpora, impulsado por la Fundación La Caixa, para la integración sociolaboral en la empresa ordinaria de personas en situación de riesgo de exclusión social. El año pasado atendió a 269 personas, de las que el 36 por ciento consiguieron al menos un empleo.
Otros dos de los programas se llevan a cabo en seis centros penitenciarios de la región y tienen como objetivo proporcionar un apoyo complementario al de la propia institución a personas con problemas de adicciones.
Durante el año pasado, fueron atendidas 1.037 personas en colaboración con entidades como la Fundación Atenea, Cruz Roja y Proyecto Hombre.
Finalmente, la Fundación Sociosanitaria atendió durante el año pasado a 80 personas dentro del programa de apoyo a la capacidad jurídica, cuyos destinatarios son personas adultas con trastorno mental grave, con diagnóstico dual o personas con trastornos relacionados con sustancia, y con la necesidad de apoyo en el ejercicio de su capacidad jurídica reconocida o en trámite de procedimiento judicial.
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