VALLADOLID, 5 (EUROPA PRESS)
El presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León, Agustín Sánchez de Vega, ha trasladado durante su comparecencia en las Cortes de Castilla y León para presentar la Memoria de 2022 que se resolvieron 696 dictámenes, un 27 por ciento más que el año anterior.
Sánchez de Vega ha expuesto que la labor de este órgano es la de “controlar previamente la legalidad de los procedimientos en los que se deciden los actos de las Administraciones Públicas”, así como vigilar la “legalidad también del procedimiento de contratación pública en el Tribunal de Recursos Contractuales”.
Así, ha hecho énfasis tras escuchar las intervenciones de los portavoces de los Grupos Parlamentarios en que la función del Consejo es consultiva y que, por lo tanto, “no hay una vinculatoriedad salvo el peso que pueda tener ese órgano, la autoridad de ese órgano y por lo tanto quien recibe esos dictámenes pues considere efectivamente que esa autoridad debe ser reconocida”.
Con todo, ha comunicado que resolvió 208 recursos, de los cuales el 68,75 por ciento (143) fueron dirigidos frente a contratos de servicios, siendo el principal acto recurrido el de la adjudicación, un 40,38 por ciento.
En cuanto a la función consultiva, la Memoria recoge que de los 696 dictámenes aprobados en 2022, el 56,03 por ciento (390) han sido solicitados por la administración autonómica, el 43,83*por ciento (305) por las administraciones locales y uno por las universidades públicas.
Tras siete años en que las consultas mayoritarias eran de entidades locales, en 2022 han sido superadas por las procedentes de la administración autonómica debido fundamentalmente a la existencia de dos bloques novedosos.
Por un lado, de la Consejería de Sanidad, que además de las consultas habituales, ha solicitado dictamen en 94 expedientes de responsabilidad patrimonial con motivo de los daños y perjuicios derivados de la pandemia de la COVID-19; y por otro, de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, que ha tramitado 78 expedientes de responsabilidad patrimonial ante el Consejo por perjuicios a los cotos de caza a consecuencia de la prohibición de la caza del lobo.
Respecto a las materias dictaminadas, Sánchez de Vega los asuntos de responsabilidad patrimonial han sido los más numerosos. De los 696 dictámenes, el 76 por ciento, es decir 530, son de responsabilidad patrimonial.
Por materias, el mayor número de dictámenes (161) provienen de expedientes de responsabilidad patrimonial de ámbito vial; a continuación se sitúan 94 expedientes relacionados con los efectos generados por la Covid-19, 85 de ámbito sanitario y 78 expedientes relativos a los daños y perjuicios sufridos por no proceder a la caza del lobo en cotos de caza.
Si se relacionan las materias sobre las que versan los expedientes de responsabilidad patrimonial con las provincias donde se instruye el expediente, destacan los relacionados con la pandemia, especialmente en Salamanca, Burgos y León; los de ámbito sanitario en Valladolid, León y Salamanca; y los relativos al ámbito vial en Valladolid, Salamanca y León.
Los expedientes de responsabilidad patrimonial tienen como referencia el lugar en el que se han producido los daños que se reclaman. De este modo, Zamora, Valladolid, Burgos y León encabezan la lista de provincias de las que proceden más consultas. Concretamente, la provincia de Zamora es la que más dictámenes ha generado (124) debido a expedientes de responsabilidad patrimonial relacionados con la prohibición de la caza del lobo.
208 RECURSOS
En relación con la actividad del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, en 2022 se resolvieron 208 recursos. El 68,75 por ciento (143) de los recursos presentados ante el Tribunal fueron dirigidos frente a contratos de servicios, siendo el principal acto recurrido el de la adjudicación (40,38*por ciento), seguido del de pliegos (35,58 por ciento).
En función del órgano de contratación que dictó el acto objeto de recurso destaca, dentro del Gobierno autonómico, la Gerencia Regional de Salud, con 32 actos recurridos (el 15,38 por ciento). No obstante, los ayuntamientos fueron el órgano de contratación que más recursos recibieron 77 (37,02 por ciento).
En cuanto a la procedencia del recurso, la provincia de Valladolid es a la que con más frecuencia afecta la ejecución del contrato recurrido.
La suma de los valores estimados recogidos en los recursos presentados el año pasado alcanzó 5.434.564.603 euros.
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