MURCIA, 2 (EUROPA PRESS)
La Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca ha reconocido que desarrollar productos de calidad “siempre ocasiona un mayor coste, no sólo económico”, sino también de “controles que permitan certificar esa calidad” y “a nivel de carga de trabajo, en cuanto a producción o mano de obra, entre otras cosas”.
Por tanto, ha considerado “justo” que los productores agrícolas acogidos a una figura de calidad “reciban más apoyo económico, tanto para producir, como para promocionar su producto”.
La Consejería ha reaccionado de esta forma al ser preguntada por Europa Press sobre la posición adoptada el pasado jueves por el Parlamento Europeo de cara a las negociaciones sobre las nuevas reglas de indicaciones geográficas de la UE para productos agrícolas.
“Por supuesto, es necesario que se agilicen los trámites y se minimice la carga burocrática”, según la Consejería, quien ha remarcado que “no tiene sentido que, teniendo claro los estándares de calidad y las características tanto organolépticas, como de producción que tienen que reunir, tarden años en dar esa distinción”.
NUEVAS REGLAS DE INDICACIONES GEOGRÁFICAS
El Parlamento Europeo ha afirmado que los eurodiputados consideran que las indicaciones geográficas (IG) –derechos de propiedad intelectual que identifican productos con cualidades, características o una reputación debida a factores naturales y humanos vinculados a su lugar de origen– “deben protegerse mejor en internet”.
Los dominios que utilicen una IG sin contar con los derechos deberán ser cerrados automáticamente o asignarse a un grupo de productores que la utilice legalmente, según el Parlamento. Para ello, la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO) establecerá un sistema de alerta que controle el registro de nombres de dominio.
El Parlamento también quiere que las IG estén mejor protegidas en los productos procesados. Los productos procesados que contengan un ingrediente reconocido no podrán etiquetarse con la IG a menos que los productores de la misma lo permitan.
El registro de las indicaciones geográficas debe ser más rápido –plazo máximo de cinco meses– y continuar bajo competencia de la Comisión. Las autoridades nacionales deberán gestionar la mayoría de las solicitudes de modificación de los registros de IG existentes sin que la Comisión tenga que volver a comprobarlos.
Según los eurodiputados, la Comisión tiene una experiencia agrícola única y, por lo tanto, debería continuar administrando el sistema de indicaciones geográficas, en lugar de la EUIPO.
Por último, el Parlamento propone que los productores reconocidos tengan más derechos y apoyo financiero. Deberían encargarse de establecer las condiciones mínimas para el uso de las indicaciones geográficas y supervisar su uso. Los productores reconocidos también deberían poder recibir contribuciones financieras obligatorias de todos los productores del bien protegido.
El informe, que servirá de base para las negociaciones con el Consejo de la UE sobre la forma final del texto legislativo, fue aprobado por el pleno con 603 a favor, 18 en contra y 8 abstenciones.
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