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Durante el primer trimestre de 2023 en Sevilla, la Junta ha invertido más de 1,9 millones de euros en asistencia jurídica gratuita

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SEVILLA, 2 (EUROPA PRESS)

Los colegios profesionales de abogados y procuradores ya han recibido de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública los 1.970.896,51 euros correspondientes al pago de la asistencia jurídica gratuita prestada por estos profesionales en Sevilla durante el primer trimestre tras la revisión de las certificaciones que fueron entregadas a la Junta el pasado 30 abril.

En concreto, a los procuradores les corresponden 168.472,67 euros por los servicios del turno de oficio entre enero y marzo, y que, una vez comprobadas las certificaciones, no han necesitado ninguna subsanación por parte de los profesionales, ha informado la Junta este viernes en una nota de prensa. En el caso de los abogados, el pago supera los 1,8 millones (1.802.423,84 euros): 1.187.488,84 euros por las asistencias prestadas en el turno de oficio a personas con derecho a la Justicia Gratuita y 614.935 euros por las guardias.

En este primer trimestre ya se ha aplicado la subida acordada en la nueva orden reguladora de estas retribuciones, aprobada el año pasado y que entró en vigor en enero, lo que ha supuesto incrementos de entre un 20 y un 60%, según los conceptos y el número de actuaciones. Además, se han aumentado las guardias autorizadas a los colegios de abogados. Las retribuciones las asistencias del turno de oficio también han sido incrementadas en un 4% a la espera de la nueva orden de módulos y bases que actualizará las cuantías, que están congeladas desde 2009.

La pasada legislatura, la Junta ya realizó cambios en la fórmula de pago para agilizarla. Hasta entonces todos los abogados y procuradores debían esperar hasta que se subsanaran los requerimientos a las certificaciones que presentaban alguna deficiencia para poder cobrar. Así, los Consejos andaluces de Colegios de Abogados y Procuradores reciben en apenas unas semanas desde que presentan las certificaciones de cada trimestre (tienen de plazo un mes) el grueso del dinero correspondiente a las certificaciones de servicios que no presentan ningún error, de forma que para un segundo plazo quedan solo pendiente aquellas que requieren alguna subsanación.


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