MADRID, 02 (SERVIMEDIA)
La Junta Directiva de la organización agraria Asaja pidió este viernes la dimisión de la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, por su “apoyo al boicot” a la fresa de Huelva que ha promovido una campaña ciudadana en Alemania en protesta por la ley andaluza de regadíos en Doñana.
La patronal agraria interpreta como un respaldo a ese boicot los pronunciamientos públicos de días atrás de Ribera y de Pedro Sánchez en los que advirtieron de las consecuencias en el extranjero de la normativa impulsada por PP y Vox en el Parlamento andaluz, y pusieron como como ejemplo esta campaña en Alemania para que no se compre fresa onubense en los supermercados.
Asaja dice que primero fue el ministro Alberto Garzón el que cargó contra el consumo de carne, después la vicepresidenta Yolanda Díaz sobre la “explotación laboral” de los empresarios agrarios, “y ahora es la vicepresidenta tercera la que apoya un boicot a productos españoles”.
“Una vez más, un destacado miembro del equipo de Gobierno de Pedro Sanchez infringe un duro e injustificado ataque al sector agrario de nuestro país y el propio presidente sorprende sumándose a la campaña de desprestigio”, señala Asaja en un comunicado. “Es de todo punto inadmisible y constituye una clara agresión hacia miles de productores y sus familias que trabajan duro todo el año para sacar adelante sus explotaciones, generar riqueza y contribuir al desarrollo de las exportaciones del país”.
La entidad que lidera Pedro Barato juzga “inaudito” que “desde el propio Gobierno de la nación se esté continuamente lanzando mensajes en contra de un sector económico de vital importancia como es el sector agrario español”.
“La primera obligación de un gobernante es estar al lado de los ciudadanos que representa y salvaguardar y defender sus intereses. Esta ha sido la última agresión de este Gobierno que, recordemos, no duda en desprestigiar el trabajo de los agricultores y ganaderos españoles, siempre que tiene oportunidad”, denuncia Asaja, que insta a Pedro Sánchez y a su Ejecutivo a “no utilizar al sector agrario como arma arrojadiza en la confrontación política y se abstengan de infringir más perjuicios a los productores. Las consecuencias de este tipo de declaraciones pueden ser desastrosas para un sector que pasa por momentos de graves dificultades e incertidumbres”.
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