MADRID, 2 (EUROPA PRESS)
La oficina de la ONU para los Derechos Humanos ha considerado “preocupante” la prórroga constante del estado de excepción en El Salvador y ha reclamado el fin de esta medida excepcional, aprobada como herramienta para combatir la violencia de las pandillas, así como que se investiguen todos los posibles abusos cometidos por las autoridades durante este tiempo.
El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, decretó el estado de excepción en marzo de 2022 y, desde entonces, ha restado importancia a todas las críticas internacionales recibidas, defendiendo que gracias a estos protocolos de seguridad el país centroamericano ha logrado reducir al mínimo los niveles de homicidio.
La ONU reconoce el “complejo reto” al que hace frente al Salvador a manos de unas pandillas que “durante décadas han asesinado, violado, robado y extorsionado a la población”, pero al mismo tiempo incide en las consecuencias que el estado de excepción ha acarreado en materia de Derechos Humanos.
“Debilitar el Estado de Derecho y la integridad del sistema legal derogando los derechos a un juicio justo no es la respuesta”, ha apuntado este viernes la portavoz del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Marta Hurtado, al hacer recuento de una medida que se ha saldado con al menos 68.000 detenidos –unos 1.600 de ellos menores de edad–.
La ONU también se hace eco de un informe de la ONG que cifra en al menos 153 los presos fallecidos entre rejas durante este tiempo, “casi la mitad de ellos de manera violenta”., al tiempo que denuncia los riesgos a los que se enfrenta la sociedad civil. En 2022, hubo más de 180 incidentes contra activistas y periodistas y este mismo año, en abril, el periódico ‘El Faro’ mudó su sede a Costa Rica por la intimidación sufrida.
“Instamos a las autoridades a levantar el estado de emergencia y revisar las medidas aprobadas. También pedimos que se investiguen inmediatamente las muertes bajo custodia en línea con los estándares internacionales”, lo que según Hurtado pasa por que los responsables de posibles abusos rindan cuentas ante la Justicia y se compense de alguna forma a las víctimas.
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