La ONG denuncia el “ritmo desatado” de ajusticiamientos y recalca que suponen una violación del Derecho Internacional
MADRID, 2 (EUROPA PRESS)
La organización no gubernamental Amnistía Internacional ha denunciado este viernes que el número de ejecuciones por delitos de drogas en Irán se ha triplicado en lo que va de año en comparación con este mismo periodo de 2022, al tiempo que ha recalcado que las sentencias han sido emitidas “tras juicios sistemáticamente injustos”.
La ONG ha recalcado que al menos 173 personas han sido ajusticiadas en Irán por delitos de drogas, lo que suponen las dos terceras partes de todas las ejecuciones llevadas a cabo en los primeros cinco meses de 2023. Asimismo, ha dicho que han afectado sobre todo a las personas de entornos marginales y económicamente desfavorecidos.
En este sentido, ha especificado que aproximadamente el 20 por ciento de las ejecuciones registradas han sido de personas de la empobrecida y perseguida minoría étnica baluche de Irán, a pesar de que sólo el cinco por ciento de la población iraní pertenece a ella.
“El ritmo desatado al que las autoridades están llevando a cabo ejecuciones por delitos de drogas, violando con ello el Derecho Internacional, pone al descubierto su falta de humanidad y su flagrante desprecio por el derecho a la vida”, ha sostenido la directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África, Diana Eltahawy.
“La comunidad internacional debe asegurarse de que la cooperación en iniciativas de lucha contra el narcotráfico no contribuye, directa o indirectamente, a la privación arbitraria de la vida y a otras violaciones de los derechos humanos en Irán”, ha recalcado.
Por ello, ha subrayado que “los estados y los organismos intergubernamentales deben condenar a las autoridades iraníes en los términos más enérgicos por estas ejecuciones arbitrarias, exigir una moratoria oficial de todas las ejecuciones, enviar representantes para que visiten a las personas presas condenadas a muerte y solicitar asistir a los juicios sobre delitos castigados con la pena capital”.
“Dada la crisis de impunidad de las ejecuciones arbitrarias masivas, también deben buscar urgentemente fórmulas eficaces para la rendición de cuentas”, ha señalado Eltahawy.
Amnistía ha hecho hincapié en que las autoridades iraníes han aumentado de forma significativa el número total de ejecuciones, con al menos 282, cifra que casi duplica la de ajusticiamientos registrados a comienzos de junio de 2022. Por ello, ha dicho que si continúan con “este ritmo alarmante”, el número podría ascender a casi un millar a finales de año.
La ONG ha explicado que la pena de muerte afecta sobre todo a personas pobres y vulnerables que a menudo desconocen sus derechos o no pueden costearse un abogado independiente. Además, las familias suelen sufrir consecuencias económicas por perder a la personas que las mantenía y quedan endeudadas por los gastos judiciales.
De esta forma, un familiar de una mujer que se encuentra en el corredor de la muerte ha señalado que “nunca vio a su defensor de oficio, que mintió a la familia prometiéndole que lograría que la condena a muerte fuera anulada si le pagaban una cantidad de dinero exorbitante”. “Vendieron todo lo que tenían para pagarle, incluso sus ovejas. En cuanto le dieron el dinero, el abogado desapareció, dejando a la familia totalmente endeudada”, ha lamentado.
Por su parte, el hijo adolescente de un ejecutado por delitos de drogas ha indicado que “debería ocuparse de los exámenes como cualquier otro chico en lugar de estar trabajando”. “Mi salario no alcanza para cubrir las necesidades de mi familia porque hemos pedido muchos préstamos”, ha añadido. “Ni siquiera tengo dinero para matricularme en la escuela el curso que viene. Si no hubieran ejecutado a mi padre, ahora estaría pensando en mi futuro, no en cómo conseguir dinero para mi familia”, ha argüido.
INVESTIGACIONES DEFICIENTES
Amnistía Internacional ha recalcado además que las ejecuciones por delitos relacionados con drogas suelen ser consecuencia de investigaciones deficientes de la Policía Antidroga de Irán y otros cuerpos de seguridad y ha añadido que los juicios por delitos relacionados con drogas se celebran ante tribunales revolucionarios y son sistemáticamente injustos.
Una persona en el corredor de la muerte ha relatado a la ONG que “los jueces te preguntan si la droga es tuya y da igual que digas que si o que no”. “En mi juicio, el juez me dijo que me callara cuando dije que no era mía. Me dijo que estaba condenado a muerte y me ordenó firmar un documento aceptando la condena. Ni siquiera dejó que mi abogado hablara en mi defensa”, ha agregado.
Por último, Amnistía Internacional ha recordado que las autoridades iraníes también han llevado a cabo ejecuciones por otros actos que nunca deberían acarrear una condena de muerte, según el Derecho Internacional, incluidos cinco ajusticiamientos de personas por su papel en las recientes protestas, un hombre condenado por mantener una relación con una mujer casada y dos sentenciados por “apostasía” e “insultos” a Mahoma.
Entre los últimos ejecutados figuran tres hombres condenados por la muerte de tres miembros de las fuerzas de seguridad en un “ataque terrorista” perpetrado en noviembre en la ciudad de Isfahán en el marco de las protestas por la muerte bajo custodia en septiembre de Mahsa Amini, detenida en Teherán por supuestamente llevar mal puesto el velo.
Sin embargo, los ejecutados rechazaron los cargos y afirmaron que las confesiones habían sido obtenidas bajo tortura. Tras las ejecuciones, la ONG dijo que los tres detenidos fueron torturados, sometidos a simulacros de ejecución, se les amenazó con matar a sus familiares y se les obligó a hacer declaraciones incriminatorias.
Las manifestaciones a raíz de la muerte de Amini se saldaron con alrededor de 470 muertos, según ONG, y, si bien las autoridades iraníes han reconocido excesos puntuales de las fuerzas de seguridad, han asegurado que estas protestas han estado alimentadas por “alborotadores” y potencias extranjeras.
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