VALLADOLID, 31 (EUROPA PRESS)
El Pleno de las Cortes de Castilla y León ha convalidado este miércoles por unanimidad aunque con críticas de la oposición por las formas y parte del contenido el Decreto-Ley que deroga la Ley del Informante y regula el Sistema Interno de Información de la Administración de la Comunidad y que está motivado en “cuestiones de carácter temporal y legal”, en palabras del nuevo consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago.
El hasta ahora director de los Servicios Jurídicos de la Junta ha apelado en concreto a “circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad” para tramitar esta norma como Decreto-Ley y no como norma con rango de ley de carácter ordinario ya que esa tramitación hubiera impedido cumplir todas las exigencias en el periodo marcado por la ley estatal –la Comunidad tenía de plazo hasta el 13 de junio para adaptarse–.
González Gago ha recordado respecto a los informantes que la norma estatal a la que se adapta ahora la de Castilla y León emana a su vez de una Directiva Europea de 2019 con dos objetivos, “proteger a los informantes y establecer unas normas mínimas para esos canales de información”.
Por otro lado, ha explicado que la Junta ha aprovechado este texto para ampliar el plazo de suspensión de autorizaciones de instalaciones de salones de juego y casas de apuestas, ya que la primera de las suspensiones de 24 meses concluye el 11 de junio, periodo que se amplía ahora hasta el 1 de enero de 2025 o hasta que entre en vigor la nueva Ley del Juego.
Desde el Grupo Socialista, el procurador Luis Briones ha refrendado la convalidación “a pesar de las formas”, en una crítica expresa al “uso reiterativo” del Decreto-Ley que “evita” los trámites de información pública por parte de la Junta a la que ha acusado, además, de haber “colado de rondón” y “de manera inexplicable” todo lo relativo al juego cuando la nueva Ley “debería estar en vigor” y, por lo tanto, fuera de esta norma.
“Esto lo dijo usted. No tenía que venir en este Decreto”, ha asegurado Briones respecto a los informes de González Gago en su anterior responsabilidad como director de los Servicios Jurídicos de la Junta a la que ha acusado de haber generado confusión normativa, por lo que ha pedido una aclaración. De hecho, Briones ha instado a González Gago a comparecer en Comisión de la Presidencia “cuanto antes” y, “si es posible en este periodo de sesiones”. “Como siempre estamos al borde del abismo en los plazos o casi o estamos ya llegando tarde”, ha añadido en su análisis de la norma.
Por su parte, el procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, que compartió tareas de gobierno con González Gago, ha admitido la conveniencia de aprobar una norma “necesaria pero claramente insuficiente” en la que la Junta “ha ido a mínimos” y ha anunciado que volverá a pedir en las Cortes la Agencia de lucha contra la Corrupción, ante la “urgencia” de luchar contra estas prácticas, con la esperanza de poder contar con el apoyo de Vox, al que ha acusado de copiar algunas de las iniciativas legislativas que redactó Ciudadanos.
También ha ironizado sobre la “situación de extraordinaria y urgente necesidad” por una Directiva Europea de 2019. “Eso dice mucho de cómo funciona el proceso normativo en nuestro país, no sólo en nuestra Comunidad”, ha lamentado el liberal.
En el caso del Grupo Parlamentario UPL-Soria ¡Ya!, el procurador Ángel Ceña ha apelado a su experiencia personal como inspector de transportes durante ocho años para explicar que cuando alguien se atrevía a comunicar una irregularidad lo primero que pedía era que no apareciera su nombre por ningún lado por “miedo” a ser identificados, a represalias y ser tachados de soplones, y que, según ha asegurado, se “acrecienta mucho más” dentro de la Administración. EL DECRETO
La norma aprobada hoy en las Cortes amplía el abanico de posibles denunciantes y el ámbito objetivo de los hechos constitutivos de delitos e infracciones administrativas que pueden ser denunciados. De este modo, a través del Sistema Interno de Información de la Administración de la Comunidad se podrán tramitar ahora las comunicaciones que procedan de trabajadores tanto del sector público como del privado cuando estos hayan conocido la existencia de presuntas infracciones en un contexto laboral o profesional que afecte a la Administración General de la Comunidad.
También extiende su ámbito de aplicación a la comunicación de acciones u omisiones que puedan constituir infracciones del Derecho de la Unión u otras de tipo penal o administrativo grave o muy grave y determina que el responsable de gestión de este Sistema Interno de Información de Castilla y León será el titular de la Inspección General de Servicios y que se garantizarán la confidencialidad y seguridad de la información y, en particular, la identidad del informante y de cualquier tercero mencionado en la comunicación.
Asimismo, los empleados públicos de la Administración General de la Comunidad y de sus organismos autónomos gozarán de la garantía de no poder ser removidos de su puesto de trabajo hasta dos años después de concluidas las actuaciones, con independencia de su forma de provisión, salvo aquellos cambios que se deriven estrictamente de la normativa aplicable.
Finalmente, se habilita la posibilidad de que las entidades pertenecientes al sector público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de órganos de la Administración de la Comunidad, y que cuenten con menos de cincuenta trabajadores, puedan compartir con la Administración de adscripción el Sistema Interno de Información y los recursos destinados a las investigaciones y las tramitaciones a través de la firma del correspondiente convenio de colaboración.
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