Recuerda que Madrigal llegó a proponer un nombramiento discrecional pasadas las elecciones
MADRID, 31 (EUROPA PRESS)
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha indicado este miércoles que “no existen razones que justifiquen la suspensión” del Pleno del Consejo Fiscal adelantado al 8 de junio donde se resolverá la plaza a la que aspira su predecesora, Dolores Delgado.
Así consta en una circular interna, a la que ha tenido acceso Europa Press, donde se alega que la celebración de este Pleno en este momento “no constituye una decisión novedosa, sino que mantiene el criterio histórico”.
García Ortiz reacciona así a las peticiones formuladas por los vocales electivos de la Asociación de Fiscales (AF) –la mayoritaria en la carrera fiscal– y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) en el Consejo Fiscal para que suspendiera este Pleno.
Ambas asociaciones alegaban que debía postergarse dado que el adelanto electoral al 23 de julio podría propiciar que en unos meses hubiera nuevo Gobierno y nuevo fiscal general.
En primer lugar, García Ortiz explica que “el procedimiento de provisión de destinos se rige por el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) y el Reglamento del Ministerio Fiscal (RMF), que en ningún caso prevés su paralización a causa de la convocatoria de elecciones generales”.
En este sentido, aclara que el fiscal general cesa cuando lo hace el Gobierno que le nombró, esto es, cuando lodisponga el Ejecutivo entrante.
En segundo lugar, cita el precedente de Consuelo Madrigal –nombrada por el Gobierno de Mariano Rajoy–, que propuso la designación del fiscal de sala emérito en el Tribunal Supremo “después de las elecciones generales celebradas el 20 de diciembre de 2015, una investidura fallida y unas nuevas elecciones generales celebradas el 26 de junio de 2016”.
Recuerda asimismo que hubo otros cuatro nombramientos discrecionales “una vez disueltas las Cortes Generales el 4 de marzo de 2019 y tras la celebración del Pleno del Consejo Fiscal en fecha 13 de marzo de 2019 y posterior propuesta de la entonces fiscal general del Estado, María José Segarra”, nombrada por Pedro Sánchez.
LA MAYORÍA DEL CONSEJO FISCAL
El vocal electivo de la APIF, Salvador Viada, y los seis de la AF se han dirigido en las últimas horas a García Ortiz tras su decisión de adelantar del 19 al 8 de junio el Pleno del Consejo Fiscal donde se decidirá la plaza a la que opta Delgado y otra de la máxima categoría: fiscal de sala contra los delitos de odio y discriminación.
“Ninguno de los anteriores fiscales generales del Estado, una vez disuelto el Parlamento, ha realizado nombramientos de plazas discrecionales, y los que estaban pendientes quedaron diferidos para una vez que se aprobase o confirmase el nombramiento de fiscal general por el nuevo parlamento y gobierno”, subrayan los seis vocales de la AF.
En este sentido, consideran que la “premura” en la convocatoria “hace pensar que lo que se pretende por el fiscal general es apurar los plazos, legales, pero no adecuados al hasta ahora normal proceder de la Fiscalía General del Estado, para el nombramiento en puestos destacados de personas de su confianza”.
Según los vocales de la AF, dicha actuación “lleva a un aumento de fiscales de sala y al designio de personas en la más alta institución de la Fiscalía que son de la confianza del actual fiscal general del Estado, pero que puede que no compartan razones de política criminal con el próximo fiscal general”.
Para estos vocales, el “apresurado cambio de fechas” acordado por García Ortiz “da la apariencia de que las personas que serán nombradas ya están en la cabeza del fiscal general del Estado, con independencia de lo que diga el Consejo Fiscal”.
Así las cosas, sostienen que, a su juicio, “no existen razones de urgencia” que avalen la necesidad de cubrir las plazas para las que se convoca al Consejo Fiscal. Y reclaman que se suspenda tanto el Pleno del 8 de junio como el del 19.
“EXISTE MUCHA ALARMA EN LA CARRERA”
Por su parte, Viada aclara que no cuestiona la legalidad de anticipar este cónclave sino “la oportunidad”, por cuanto “en pocos meses se va a conformar un nuevo Gobierno, y tal vez, un nuevo fiscal general del Estado va a ser designado”.
Además, asegura que “existe mucha alarma en la carrera (fiscal) por este asunto”, por lo que pide a García Ortiz que suspenda el Pleno y, en caso de que no lo haga, que al menos se abstenga en la adjudicación de la plaza a la que aspira Delgado.
A este respecto, Viada recalca que los fiscales tienen un deber de imparcialidad que cree que el actual fiscal general no puede predicar en lo tocante a su predecesora por sus “relaciones personales y profesionales”.
Sobre esto, detalla que García Ortiz ascendió a la cúpula fiscal de la mano de Delgado, llegando a decir en su primer discurso como jefe del Ministerio Público que lo era gracias a la “generosidad” y a “honestidad” de la también ex ministra de Justicia.
YA EN LA MÁXIMA CATEGORÍA
Fue el pasado 11 de mayo cuando se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la nueva oferta de plazas para la carrera fiscal, un total de 9, entre las que cabe resaltar dos de nueva creación, las de fiscales de sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, y contra Delitos de Odio y Discriminación.
Desde la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática por la que se creó esa plaza, primero fue la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado (FGE) quien asumió las funciones y, después, la propia Delgado, por orden de García Ortiz, al considerar que tiene un amplio conocimiento en la materia.
Cabe recordar que Delgado ascendió a la máxima categoría de la carrera fiscal el pasado septiembre, un par de meses después de que dimitiera como fiscal general alegando problemas de salud. Aunque ese octubre debía haberse incorporado a su plaza en la Audiencia Nacional, García Ortiz la promovió a fiscal de sala del Tribunal Supremo (TS), concretamente de la Sala de lo Militar.
En ese Pleno, celebrado el 22 de septiembre, la mayoría del Consejo Fiscal se posicionó en contra de ascender a Delgado a fiscal de sala, ya que los 6 vocales de la Asociación de Fiscales (AF) votaron por otro candidato y solo 4 vocales -los dos de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y las vocales natas: la teniente fiscal del TS María Ángeles Sánchez Conde y la inspectora jefe María Antonia Sanz– lo hicieron por la ex fiscal general.
No obstante, el Consejo Fiscal es un órgano consultivo, por lo que en materia de nombramientos se pronuncia pero la decisión final compete al jefe del Ministerio Público que, en este caso, se decantó por Delgado.
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