Debía ingresar un IVA por importe de 1,73 millones de euros y lo evitó simulando la adquisición de varios inmuebles
SANTANDER, 30 (EUROPA PRESS)
La Audiencia Provincial de Cantabria juzgará este miércoles 31 de mayo a varias personas y sociedades implicadas en operaciones simuladas por un empresario para eludir el pago de una deuda que tenía con Hacienda.
El principal acusado es el administrador único de una mercantil que se habría servido de un entramado de testaferros y sociedades -también acusados-, controladas por él para fingir esas operaciones.
Según el escrito del Ministerio fiscal, la mercantil de la que era administrador único este acusado tenía una deuda con Hacienda derivada de una reducción de capital y debía ingresar un IVA por importe de 1,73 millones de euros.
Con la intención de “eludir el pago de la cuota tributaria adeudada”, el principal acusado junto a otras personas simuló la adquisición de varios inmuebles por parte de su empresa, “de forma que mediante el libramiento de las facturas correspondientes a las supuestas ventas figurase dicha sociedad con un IVA soportado de 1,62 millones de euros, añadiendo el resto de cantidad en concepto de IVA por labores de intermediación”.
De ese modo, el empresario acusado “pudo compensar todo el importe y no ingresar cantidad alguna”, añade la Fiscalía, destacando que se produjo un “notorio perjuicio para las arcas públicas”.
En las operaciones de compraventa “no existen pagos efectivos” y “no se fijan con nitidez ni cantidades ni medios de pago documentados, lo que evidencia que se trata de un carrusel de operaciones ficticias destinadas únicamente a aflorar un IVA soportado” por la mercantil por un montante de 1,62 millones de euros.
Por estos hechos serán juzgados mañana, a partir de las 9.30 horas en la Sección Primera de la Audiencia Provincial, el principal acusado como autor material y otros dos como cooperadores necesarios de un delito contra la hacienda pública, además de cinco sociedades mercantiles.
PENAS
La Fiscalía solicita para el primero una pena de tres años de prisión y 3,5 millones de euros de multa, y para los otros dos, de dos años de cárcel y 500.000 euros de multa, mientas que para las sociedades reclama otra multa de 3,5 millones.
Además, solicita que ninguno de ellos pueda obtener ayudas o subvenciones públicas y gozar de beneficios o incentivos fiscales durante un plazo de cuatro años. Y en concepto de responsabilidad civil, considera que deben indemnizar a Hacienda en 1,73 millones de euros.
Por su parte, el abogado del Estado, en representación de la Agencia Tributaria, considera los hechos un delito fiscal agravado en concurso con un delito continuado de falsedad en documento mercantil.
Así, la pena que solicita para el principal acusado es de cinco años de prisión, 8,2 millones de euros de multa y pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o beneficios públicos durante siete años, así como que sea inhabilitado para desarrollar cargos de gestión o representación en empresas durante cinco años.
Para los otros dos acusados pide una condena de cuatro años, multa del triple de lo defraudado, pérdida de subvenciones y beneficios públicos durante seis años e inhabilitación para gestionar o representar empresas.
Junto a ello, reclama para la mercantil del principal acusado una multa de 8,2 millones de euros, y para las otras cuatro, del triple de las cuotas defraudadas.
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