El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y el presidente de la Diputación de Valladolid, Jesús Julio Carnero, han presentado esta mañana el convenio para ampliar y mejorar el sistema de transporte de viajeros por carretera en el ámbito rural de la provincia y adecuarlo a las necesidades actuales. La Junta de Castilla y León aportará 1,4 millones de euros y la Diputación, 600.000 euros. Los servicios a implantar utilizarán el sistema de transporte a la demanda o el transporte convencional y, si fuera necesario, se acometerán nuevas infraestructuras.
Suárez-Quiñones ha destacado que el convenio presentado esta mañana es un ejemplo más de la intensa coordinación y estrecha vinculación existente entre ambas instituciones con el fin, en esta ocasión, de mejorar el servicio de transporte público de viajeros de las poblaciones del ámbito rural, contribuyendo a facilitar el acceso de todos sus habitantes a los servicios públicos esenciales.
Jesús Julio Carnero ha señalado, por su parte, que el actual convenio renueva y amplia el suscrito en 2013 entre ambas administraciones para dar respuesta a las necesidades de movilidad, especialmente de las personas mayores y de los más jóvenes de la provincia, garantizándoles las mismas oportunidades de acceso a servicios básicos como la salud, la educación, la cultura o el empleo que a las personas que viven en núcleos de mayor población.
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente se compromete a hacer las modificaciones que fueran necesarias en los contratos de gestión del servicio público regular de viajeros de uso general, con el fin de ampliar y crear nuevos servicios para satisfacer eficaz y eficientemente las necesidades reales de transporte de la población de los núcleos rurales. Igualmente, pondrá a disposición de la Diputación el sistema de gestión de flota de transporte a la demanda.
El presupuesto destinado a financiar estos compromisos asciende a 1,4 millones de euros, que se articulará en el marco de las convocatorias públicas de subvenciones destinadas a sufragar el déficit de explotación de las empresas concesionarias. Por su parte, la Diputación de Valladolid aportará 600.000 euros para financiar los nuevos servicios que se pongan en funcionamiento y se compromete a facilitar toda la información de carácter socioeconómico que le permita a la Junta planificar y acometer las diferentes actuaciones.
El consejero de Fomento y Medio Ambiente ha insistido en que el objetivo prioritario de las dos instituciones, plasmado en este convenio, es garantizar la movilidad de la población de los entornos rurales, facilitando el acceso a los servicios básicos, como la sanidad, la cultura o el ocio. “Con este convenio tratamos de lograr el máximo nivel de coordinación y cooperación posible, en el que la Diputación aportará su cercanía a las necesidades y la Junta su experiencia, implementación tecnológica y soluciones en materia de transporte público”, ha indicado.
Sistema de transporte en la provincia de Valladolid
El servicio de transporte de viajeros por carretera en la provincia de Valladolid está integrado por 29 contratos de transporte, mayoritariamente deficitarios, y a cuyo mantenimiento la Consejería de Fomento y Medio Ambiente contribuye con una subvención anual superior a 1,4 millones de euros.
Además, dispone de un servicio de transporte a la demanda que, con la ayuda de las nuevas tecnologías, permite viajar cuando lo necesita a una población de 138.000 personas y que, hasta la fecha, ha registrado más de 350.000 reservas. El servicio se organiza en 18 zonas, con 86 rutas que ofrecen transporte a 233 localidades.
El sistema de transporte a la demanda implantado por el Gobierno autonómico ha sido reconocido nacional e internacionalmente como uno de los más sostenibles y eficientes, ya que, frente a los servicios regulares equivalentes, reduce los costes hasta en un 75 % y supone un ahorro en el consumo de combustible de hasta 2,5 millones de litros, con la consiguiente reducción de las emisiones de CO2, cuantificadas en 10.000 toneladas.
Junto a ambos servicios, la Junta ha puesto en marcha el transporte escolar de uso compartido, que integra el transporte regular con el escolar. Hasta este recién terminado curso escolar, en Valladolid se han integrado un total de 67 rutas, beneficiando a 163 localidades.
Plan Provincial de Transporte
Junto a estas actuaciones, y como complemento para desarrollar un servicio que se considera esencial para la provincia, la Diputación de Valladolid puso en marcha en 2013 su propio Plan Provincial de Transporte, al que destina 600.000 euros al año.
El objetivo de este Plan es “seguir dando respuesta a uno de los mayores retos de nuestra provincia, adaptándose a las nuevas necesidades y demandas de los vecinos de nuestros pueblos y convencidos de que el transporte es un servicio público esencial, especialmente en una provincia como la nuestra, con una amplia dispersión geográfica”, según ha explicado hoy Jesús Julio Carnero.
El Plan Provincial de Transporte ha sido utilizado desde su puesta en marcha por 68.092 viajeros en las 21.956 expediciones realizadas. En la actualidad, cuenta con 50 rutas que dan servicio a 127 localidades de la provincia. De ellas, 26 son servicios regulares, 11 son servicios de transporte a la demanda, 9 corresponden a los servicios de fútbol -que acaban de finalizar pero se retomarán en el inicio de la Liga- y 4 corresponden a servicios de piscinas cubiertas.
Futuro modelo de transporte
El Consejo de Gobierno aprobó la semana pasada el proyecto de Ley de Transporte de Viajeros por Carretera, que pretende dar respuesta a las necesidades de movilidad derivadas de las características territoriales y demográficas de Castilla y León, reconociendo el carácter universal y esencial del servicio, así como su acceso en condiciones de igualdad.
La futura ley, que deberá aprobar las Cortes de Castilla y León, prevé un transporte eficiente, sostenible, seguro, moderno y de calidad, que conecte lo rural y lo urbano y que sitúa al ciudadano en el primer plano, reconociendo un catálogo de derechos de las personas usuarias que la Administración debe tutelar.
La ley incluye un nuevo Mapa de Ordenación del Transporte Público de Viajeros, instrumento básico para gestionar la red pública de transporte autonómico interurbano, que conllevará una reestructuración de las concesiones de transporte y una convocatoria de concurso público para la adjudicación de los nuevos contratos de gestión de este servicio público que permita sustituir el actual sistema de líneas de transporte interurbano de los años 80 por otro zonal y adaptado a la realidad demográfica y territorial de Castilla y León en el siglo XXI.
La Junta de Castilla y León considera que la modernización del sistema de transporte es clave para lograr el progreso social y económico de la Comunidad, su cohesión social y territorial, y contribuir a consolidar una nueva ordenación del territorio para el mejor servicio público de la ciudadanía de la Comunidad.
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