La iniciativa que ya decayó con los comicios de 2019 se estaba tramitando en el Congreso
MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
La reforma del artículo 49 de la Constitución para eliminar el término ‘disminuido’ de la Carta Magna vuelve a quedar en el aire por segunda vez en cinco años, como consecuencia de la nueva convocatoria de elecciones generales anunciada este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la consecuente disolución de las Cortes.
Esta iniciativa fue impulsada por el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) en 2018 y, junto al apoyo de la entonces vicepresidenta del Gobierno, la socialista Carmen Calvo, llegó al Congreso con un acuerdo unánime para sustituir el artículo por un nuevo texto “más acorde a los nuevos tiempos”.
Actualmente, el artículo 49 de la Constitución está redactado de esta manera: “Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos”.
NUEVO TEXTO
Mientras que el nuevo texto a incluir en la Carta Magna recoge que “las personas con discapacidad son titulares de los derechos y deberes previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad real y efectiva, sin que pueda producirse discriminación”.
Además, señala que “los poderes públicos realizarán las políticas necesarias para garantizar la plena autonomía personal e inclusión social de las personas con discapacidad. Estas políticas respetarán su libertad de elección y preferencias, y serán adoptadas con la participación de las organizaciones representativas de personas con discapacidad en los términos que establezcan las leyes. Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y niñas con discapacidad”.
También recoge que “se regulará la especial protección de las personas con discapacidad para el pleno ejercicio de sus derechos y deberes” y que “las personas con discapacidad gozan de la protección prevista en los tratados internacionales ratificados por España que velan por sus derechos”.
A PUNTO DE APROBARSE EN 2019
Esta redacción contó con el apoyo en Comisión de todos los grupos parlamentarios que entonces conformaban el Congreso, pero la convocatoria de elecciones generales para 2019 impidió que su tramitación continuara.
En estos últimos años, el CERMI ha exigido al Gobierno, esta vez a través del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, retomar esta medida y tras varias negociaciones fue aprobada su toma en consideración en la Cámara baja en septiembre de 2021.
Con la nueva conformación de las Cortes en esta legislatura, partidos como PP (antes partidario) y Vox se mostraron reticentes a la medida al considerar que formaciones independentistas y nacionalistas podrían aprovechar esta iniciativa para exigir otros cambios constitucionales, como así ha ocurrido con PNV que en sus enmiendas al texto incluyó un cambio en la Carta Margan en relación al derecho a decidir y la supresión del 155.
Esto ha llevado a Bolaños a convocar diversas reuniones con el PP y con los socios que sustentan el Gobierno en el Parlamento para que se comprometan a limitar esta reforma constitucional al artículo 49. Además, Vox, en sus enmiendas, quiere limitar más aún este cambio dejándolo solo en el propio término ‘disminuido’ y cambiarlo por ‘persona con discapacidad’, dejando el resto de la redacción tal y como está en la actualidad.
OTRAS INICIATIVAS PARA LA DISCAPACIDAD
Esta es una de las principales reivindicaciones del movimiento de la discapacidad que en esta legislatura ha estado muy activo en el impulso de medidas para el colectivo. Así, durante el mandato de Pedro Sánchez ha reclamado hasta llevar a la aprobación de una reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) que ha permitido el acceso al voto de las personas con discapacidad intelectual, hasta ahora declarados incapacitados.
También se ha aprobado una norma que elimina la incapacitación judicial de las personas con discapacidad y, en su lugar, establece medidas de apoyo para las personas con discapacidad, a fin de que puedan ejercer su capacidad jurídica.
Por otra parte y hace tan solo un mes, el Pleno del Congreso aprobó definitivamente la ley que prohíbe la celebración de espectáculos como el bombero-torero. Esta medida se incluyó dentro de una norma que supone la trasposición de diversas Directivas de la Unión Europea, entre ellas una en materia de accesibilidad de determinados productos y servicios.
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