TOLEDO, 25 (EUROPA PRESS)
El Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno este jueves a una inversión de 71,7 millones de euros desde la Consejería de Economía, Empresas y Empleo en materias como la Formación Profesional para el Empleo, el apoyo a la empleabilidad de los colectivos en exclusión social y en inversiones turísticas en la región.
Sobre estos acuerdos ha informado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, que ha detallado que, en materia de empleo y FP para el Empleo, el Gobierno regional ha aprobado hoy 27,9 millones de euros dirigidos a mejorar la cualificación profesional y la empleabilidad de cerca de 22.000 personas en Castilla-La Mancha, según ha informado la Junta en nota de prensa.
Esta inversión ha recibido el visto bueno del Consejo a través de tres convocatorias: una, la de Formación Profesional para el Empleo dirigida a personas ocupadas, la Modalidad I, dotada con 11,8 millones de euros; la segunda, la convocatoria de Talleres de Empleo, dirigida al reciclaje y la cualificación profesional de personas desempleadas en la región, con una inversión superior a 14,7 millones de euros; y la tercera, las ayudas dirigidas a apoyar la mejora de la empleabilidad de las personas en exclusión social a través de las empresas de inserción, con una inversión de más de 1,3 millones de euros.
Tal y como ha explicado Patricia Franco, la convocatoria de Modalidad I de la FP para el Empleo está destinada a apoyar programas formativos dirigidos a personas ocupadas, con el objetivo de que puedan mejorar su productividad y competitividad, adaptarse a los cambios de los sistemas productivos y favorecer, con ello, su promoción personal y laboral a través de la cualificación.
“Esta convocatoria está dotada con 11,8 millones de euros y, con ella, prevemos llegar a más de 20.600 personas a través de 1.290 programas formativos”, ha señalado la consejera, que ha detallado que estas ayudas van dirigidas a impulsar programas en tres ámbitos diferentes: programas de ámbito sectorial, en sectores de interés general en la región; programas transversales, dirigidos a la formación en áreas como los idiomas, la digitalización, la salud laboral o la informática; y un tercer ámbito dirigido a impulsar la participación de personas en procesos de evaluación y acreditación de competencias profesionales.
Los programas están dirigidos a personas ocupadas, incluidas las fijas discontinuas en periodos de no ocupación y a las personas trabajadoras afectadas por expedientes de regulación, que se consideran colectivos prioritarios; además de a trabajadores cuya cotización no contemple la cuota de la formación; cuidadores no profesionales; personal propio de los centros de formación hasta un diez por ciento del total de participantes, porcentaje que se aplica a los empleados públicos también, y personas desempleadas, en una cuota no superior al 30 por ciento del total de la participación.
“Dentro de estos colectivos se establecen como prioritarios, además de los fijos discontinuos en periodo de no actividad y de las personas afectadas por expedientes de regulación de empleo, las mujeres, las personas desempleadas de larga duración, las personas mayores de 45 años, los jóvenes, personas desempleadas del mundo rural, personas en riesgo de exclusión social y personas con discapacidad, además de víctimas del terrorismo y mujeres víctimas de violencia de género”, ha señalado la consejera.
Tal y como ha detallado Patricia Franco, la convocatoria establece becas a la participación de personas desempleadas de larga duración, mayores de 50 años, mujeres y hombres en sectores en los que estén subrepresentados, jóvenes con dificultades de inserción y personas residentes en zonas despobladas, “y el plazo de solicitud se abrirá al día siguiente a la publicación de la convocatoria en el DOCM, durante un mes, en una convocatoria en la que prevemos llegar a más de 20.600 personas en 1.290 programas formativos”, ha explicado.
FORMAR A MÁS DE 1.000 PERSONAS EN TALLERES DE EMPLEO
La segunda de las convocatorias aprobadas hoy en Consejo de Gobierno es la de los programas de recualificación y formación de personas desempleadas, los llamados Talleres de Empleo, “una formación dual que se da en colaboración con entidades públicas y que está dirigida a mejorar la empleabilidad y las competencias profesionales, a través de la formación y de la práctica laboral, de más de 1.000 personas desempleadas en Castilla-La Mancha, con una inversión de 14,7 millones de euros”, ha detallado Patricia Franco.
Esta convocatoria apoya proyectos de entre seis meses y un año de duración con entre ocho y 16 participantes, y se dirigen de manera prioritaria a los colectivos con más dificultades de inserción: desempleados de larga duración, mayores de 45 años, personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social, víctimas del terrorismo y mujeres víctimas de violencia de género y personas con responsabilidades familiares a su cargo.
Además, deben ir orientados hacia actividades como patrimonio arqueológico e histórico, vivienda social, eficiencia energética, inversiones productivas, economía circular, atención sociosanitaria, digitalización, turismo ambiental y rural y limpieza de áreas forestales; y pueden concurrir a la misma entidades locales, organismos autónomos y entes públicos, consorcios y asociaciones, fundaciones y entidades sin ánimo de lucro.
“El plazo de solicitud se abrirá, también, tras la próxima publicación de la convocatoria en el DOCM y hasta el 31 de julio de este año, y con esta convocatoria prevemos dar cobertura a 137 proyectos, para formar a más de 1.000 personas desempleadas de nuestra región”, ha informado Patricia Franco.
FAVORECER EL EMPLEO DE PERSONAS EN EXCLUSIÓN SOCIAL
El tercero de los asuntos en materia de empleo y formación aprobados hoy en Consejo de Gobierno es la convocatoria de ayudas para el impulso de la empleabilidad de las personas en situación de exclusión social a través de las empresas de inserción, nueve en total en la región, con una cuantía aprobada de más de 1,3 millones de euros.
“Esta convocatoria, que cuenta con tres líneas, busca apoyar el empleo de personas en exclusión social a través de estas empresas, favoreciendo con ello procesos de inserción sociolaboral de estas personas”, ha dicho Patricia Franco, que ha detallado las tres líneas que conforman la misma.
La primera, la más importante, está dirigida a apoyar el empleo de personas en situación de intervención por parte de los servicios sociales, jóvenes procedentes de instituciones de Menores, personas con problemas de drogodependencia o adicción, procedentes de centros penitenciarios y, en general, a personas en situación de exclusión social, con ayudas para la contratación durante un periodo de entre doce y 36 meses que llegan al 100 por cien del salario mínimo interprofesional el primer año, al 75 por ciento en el segundo y al 40 por ciento en el tercero, incrementándose en estos dos años un diez por ciento en el caso de mujeres.
La segunda línea va destinada a apoyar el mantenimiento del personal técnico y de producción de las empresas de inserción, con ayudas de hasta el 75 por ciento del SMI en contratos de doce meses a jornada completa, modulándose el acceso a la ayuda en función de los puestos de trabajo a insertar con la actividad de la empresa de inserción: de una a diez inserciones, un puesto de personal técnico; de once a 20 inserciones, dos; de 21 a 30 inserciones, tres puestos; y más de 31 inserciones, cuatro puestos.
La tercera línea de ayudas se dirige a apoyar estudios de mercado, de viabilidad, actividad de gestoría o certificaciones de calidad en las empresas de inserción, con ayudas de entre 1.000 y 6.000 euros en función de la actividad y que cubren el 80 por ciento del gasto.
- Te recomendamos -
