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Mercasa ha sido demandada por Cort para que pague 1 millón de euros por no cumplir con su contrato en s’Escorxador

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PALMA, 24 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Palma ha informado este miércoles que requerirá el pago de un millón de euros a Mercasa por incumplimiento de contrato en el centro comercial de s’Escorxador, por desperfectos en las obras e instalaciones.

En una rueda de prensa, la regidora de Participación Ciudadana y Gobierno Interior, Clàudia Costa, ha explicado que se trata de deficiencias de adecuación a la legislación y normativa sobrevenida durante la vigencia de la concesión, reparaciones necesarias por falta de mantenimiento, reparaciones originadas por el envejecimiento natural o patologías producidas por deficiencias del diseño de origen de ciertos elementos de la edificación.

El total de estas intervenciones asciende a 1,2 millones de euros, de lo que a Mercasa corresponderían 940.079 euros.

Según ha señalado, Mercasa ha manifestado su conformidad con la valoración efectuada por el Ayuntamiento y ha pedido que se le remita la carta de pago.

Dado que se trata de un expediente en fase de liquidación de una concesión ya finalizada, Mercasa no puede hacer la reparación de los desperfectos detectados, sino tiene que proceder al abono al Ayuntamiento del importe de las intervenciones.

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Según han recordado, en junio de 1988 el Consistorio suscribió un convenio con Mercasa en el que se comprometía a rehabilitar el edificio del antiguo matadero de la ciudad, a cambio de la explotación parcial del centro comercial y del aparcamiento subterráneo durante un plazo de 30 años.

La concesión finalizó el 31 de diciembre de 2021 y el 1 de enero de 2022 se hizo la reversión a favor del Ayuntamiento. Meses antes, técnicos del Ayuntamiento realizaron inspecciones y advirtieron deficiencias en las instalaciones y zonas comunes del centro.

La Junta de Gobierno acordó entonces iniciar el expediente de declaración de responsabilidad contractual imputable a Mercasa por estos desperfectos, que ponían en evidencia el incumplimiento de las obligaciones de mantenimiento y conservación inherentes a su condición como contratista.


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