MADRID, 20 (EUROPA PRESS)
Los países firmantes del Tratado de Roma, constitutivo del Tribunal Penal Internacional, han denunciado este sábado las “inaceptables” amenazas rusas al declarar al fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI), Karim Khan, y a tres magistrados de la institución en su lista de “personas buscadas”.
La Presidencia de la Asamblea de Estados Parte del TPI “lamenta estos actos de intimidación y este intento inaceptable de socavar el mandato del TPI para investigar, sancionar y evitar la comisión de los delitos internacionales más graves”, ha publicado en un comunicado.
Además, los países han declarado su “firme apoyo” al TPI, a sus cargos electos y a su personal. “La salvaguardia de la integridad del Tribunal, incluida su independencia judicial y fiscal, es fundamental para el desempeño de su mandato. Reiteramos nuestra plena confianza en el TPI como tribunal independiente e imparcial”, han añadido.
El viernes el Ministerio del Interior de Rusia anunció la inclusión del británico Khan y tres jueces del TPI en su lista de personas en busca y captura en respuesta a la “orden de arresto ilegal” contra el presidente ruso, Vladimir Putin, acusado por la corte de facilitar la deportación forzada de niños ucranianos a territorio ruso.
El Gobierno ruso indica que tanto Khan como los magistrados que llevan el caso, Tomoko Akane, Rosario Salvatore Aitala y Sergio Gerardo Ugalde Godinez, han actuado “sin fundamentos de responsabilidad penal” al actuar contra un jefe de Estado extranjero cuyo país, para comenzar, no reconoce desde 2016 el Estatuto de Roma que sirven de base para el TPI.
Por ello, el Ministerio del Interior ruso acusa al fiscal jefe y a los jueces de haber adoptado, con su orden contra Putin y la comisaria para los derechos de la Infancia, Maria Lvova-Belova, una decisión ilegal, contraria a la Convención para la Prevención y el Castigo de Delitos contra Personas Internacionalmente Protegidas, por el cual “los jefes de Estado gozan de inmunidad absoluta ante la jurisdicción de estados extranjeros”, según el comunicado del Ministerio del Interior recogido por Interfax.
El Ministerio ampara su decisión en la legalidad rusa, al entender que el TPI está incurriendo en un delito al acusar a personas “claramente inocentes”, de la comisión de un crimen especialmente grave y “atacar a un representante estatal que goza de inmunidad diplomática para complicar las relaciones internacionales”.
Esta decisión había sido avanzada la semana pasada por el presidente del Comité de Investigación de la Federación Rusa, Alexander Bastrikin, tras abrir un caso penal contra la cúpula del TPI y los jueces responsables de tal decisión, considerando que sus acciones era ilegales pues, según Rusia, no había motivos para responsabilizar a Putin y Lvova-Belova del delito de “deportación infantil forzada”.
La corte, por contra y según hizo saber en su orden de marzo, entiende “motivos razonables” para creer que Putin “tiene responsabilidad penal individual” por estos delitos, bien por su comisión “directa” o por haber sido incapaz de “ejercer un control adecuado sobre los subordinados civiles y militares que cometieron los actos”.
El Kremlin ha desmentido constantemente que esté deportando a niños ucranianos por la fuerza frente a las acusaciones vertidas por Kiev y sus aliados. Según el Gobierno ucraniano al menos 16.000 niños han acabado desplazados contra su voluntad a territorio ruso desde el comienzo del conflicto mientras que un reciente estudio presentado en febrero por la Universidad de Yale denunciaba al menos 6.000 niños ucranianos repartidos en 40 internados rusos.
Las órdenes de arresto representan los primeros cargos internacionales presentados desde el comienzo del conflicto y llegan después de meses de trabajo de un equipo especial de investigación a las órdenes del fiscal jefe del TPI. Para su emisión ha sido necesario que un panel preliminar de jueces aceptara la validez de las pruebas presentadas.
La posibilidad de que el TPI acabe juzgando a Putin es prácticamente nula por varios motivos: la corte no puede atender casos ‘in absentia’ del acusado, Rusia se retiró en 2016 del Estatuto de Roma que sirve de cimiento legal para el tribunal, y el Kremlin no tiene la más mínima intención de entregar a ningún oficial ruso a la corte, como ya ha reiterado en numerosas ocasiones.
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