PUERTOLLANO (CIUDAD REAL), 19 (EUROPA PRESS)
El candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Puertollano (Ciudad Real), Miguel Ángel Ruiz, ha acusado este viernes al alcalde de Puertollano, Adolfo Muñiz, de enviar “de oficio” a la Policía Local a fin de elaborar informes que “faciliten el empadronamiento de los ocupas ilegales”.
En rueda de prensa, el candidato de los ‘populares’ ha asegurado que el equipo de gobierno “envía a la Policía Local para empadronar a ocupas”, algo que, ha afirmado, impedirá el Partido Popular promoviendo una “ley antiocupas” que proteja la propiedad privada.
En otro orden de cosas, Ruiz ha abordado otro punto de su programa electoral, en este caso la recuperación de los parques abandonados que se encuentran diseminados en todos los barrios de Puertollano, así como la instalación, a iniciativa municipal, de cargadores para vehículos eléctricos, de modo que se construya una ciudad “más sostenible”.
Esta estrategia vendrá acompañada de un plan de eficiencia energética de instalaciones municipales y de la instalación de placas solares para ahorrar energía, en un contexto de eficacia administrativa “para no perder subvenciones”.
El candidato ha estado acompañado de Armentario López, responsable del Consejo Político del PP en el Área Medioambiental, quien ha explicado que su formación cuidará los espacios naturales de Castilla-La Mancha, *como algo prioritario*, ya que se trata de 3,5 millones de hectáreas “que son fuente de riqueza, vida y biodiversidad”.
En este sentido ha prometido mejoras laborales y el refuerzo de los servicios relacionados con la prevención de incendios, la vigilancia y la preservación medioambiental, bajo el común denominador de un “compromiso firme por la estabilidad y la mejora laboral, así como el relevo generacional de los profesionales”.
Así, ha propuesto “reevaluar” el convenio de los trabajadores de Geacam, convertir a los agentes medioambientales “en parte fundamental de la administración pública, con nuevos planes de formación y profesionalización”, y pedir las transferencias para que el Gobierno regional asuma las competencias de los espacios naturales protegidos.
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