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La exigencia de Vox hacia el Gobierno es que se asegure la protección de los derechos lingüísticos de los niños sordos que habitan en Cataluña

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MADRID, 19 (SERVIMEDIA)

Vox registró este viernes en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para exigir al Gobierno que termine “con la inmersión lingüística obligatoria en Cataluña que sufren los niños con sordera en esta región”.

En el texto registrado indica que el artículo 3 de la Constitución establece que “el español es la lengua oficial en toda la nación y que los españoles tienen el deber de conocer y el derecho a usar en todo el territorio nacional”. Además, añade que el Tribunal Constitucional dictaminó que “no existe un deber constitucional de conocer una lengua cooficial”, ni podrá ser impuesta por ningún estatuto de autonomía.

“En Cataluña se ha podido observar una absoluta deslealtad hacia el mandato constitucional por parte de los diferentes gobiernos regionales, los cuales dictan normas y llevan a cabo políticas públicas que tratan de imposibilitar el uso del español, violando el derecho y el deber de todos los españoles a conocer su lengua”, indica la iniciativa.

Asimismo, Vox denuncia lo que califica de “instrumentalización de la lengua por motivos políticos e ideológicos y la persecución del español en Cataluña se viene produciendo hace años y afecta también” a los niños sordos, “provocándoles diferencias en el aprendizaje que, en ciertos casos, resultan irreversibles”.

Esta situación, a juicio del partido de Santiago Abascal, “se ha ido agravando con los años” debido a que PP y PSOE han estado “mirando hacia otro lado” mientras el Ejecutivo regional ha elaborado “un catálogo de instrucciones que refuerzan la inmersión lingüística en Cataluña y erradica el español”.

En la iniciativa registrada Vox sostiene que los alumnos sordos en Cataluña no solo sufren una vulneración del artículo 3 de la Constitución, sino también de los artículos 14 y 27 que versan sobre los derechos fundamentales a la no discriminación y la educación.

Por ello, solicita al Gobierno que adopte las medidas necesarias “!para asegurar el respeto y el cumplimiento íntegro de los principios constitucionales y legales en materia lingüística”, para poner fin “al acoso, discriminación y persecución que viven los niños y familias españolas por el hecho de usar y conocer el español”.


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