Estaba previsto que también compareciera el resto de investigados para comunicarle su situación procesal
MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
La juez del denominado ‘caso Cuarteles’ ha tenido que aplazar hasta nuevo aviso por la huelga de funcionarios de la Administración de Justicia el interrogatorio que tenía previsto celebrar este miércoles a uno de los investigados, el exjefe de la Comandancia de Ávila, el teniente coronel Carlos Alonso Rodríguez, quien había pedido comparecer de manera voluntaria para demostrar su “falta de conocimiento y participación” en las presuntas irregularidades cometidas en las adjudicaciones de obras que se investigan en al menos 13 comandancias de la Guardia Civil.
Fuentes jurídicas han informado a Europa Press de que la decisión ha sido adoptada esta misma mañana, sin que se haya fijado nueva fecha en el calendario para llevar a cabo dicha declaración.
Este miércoles, los 45.000 funcionarios de la Administración de Justicia están convocados a un paro de 24 horas en el marco de la huelga indefinida organizada por los sindicatos CSIF, STAJ, CCOO y UGT, que esta mañana se manifestarán frente al Ministerio de Justicia para reclamar una subida global de 200 millones de euros –hasta unos 450 euros por funcionario–.
Así las cosas, queda pendiente que la titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Madrid cite de nuevo a Alonso Rodríguez, quien ya llegó a comparecer en sede judicial cuando el procedimiento se investigaba en los juzgados de Ávila, antes de que el caso se enviara a Madrid.
El Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil asegura en uno de los atestados aportados al procedimiento –a los que ha tenido Europa Press– que Alonso Rodríguez, como exjefe de la Comandancia de Ávila, pidió, autorizó y ordenó pagar varias obras antes de que estas se realizaran. Según precisa, muchos de esos trabajos ni siquiera eran necesarios.
Los investigadores subrayan que “en un mismo día” y “con escasa diferencia horaria” solicitó, autorizó y ordenó el pago de varias facturas emitidas por empresas de Ángel Ramón Tejera de León, alias ‘Mon’, quien también figura como investigado en el procedimiento, para trabajos en varios acuartelamientos de la provincia de Ávila.
EL INFORME PATRIMONIAL DE ALONSO RODRÍGUEZ
Asuntos Internos también alertó en un informe, en octubre de 2020, de que el teniente coronel en los años 2016 y 2017 ingresó en sus cuentas bancarias distintas partidas de dinero en efectivo por importe de 21.500 euros “cuyo origen (…) no ha podido ser determinado”.
El objetivo de dicho informe patrimonial, al que tuvo Europa Press, era determinar el capital inmobiliario y mobiliario que pudiera poseer el teniente coronel que entre abril de 2015 y noviembre de 2017 fue jefe de la Comandancia de Ávila y que –según Asuntos Internos– adjudicó a empresas de ese contratista “obras finalmente cobradas pero no ejecutadas o ejecutadas únicamente de manera parcial”.
Ante el informe de la Benemérita, la defensa de Alonso Rodríguez presentó escrito ante el juzgado en el que insistió en que resultaba “evidente y constatable” que no tenía ingreso alguno que no correspondiese a su “nivel de ingresos declarados”. “No existe incremento patrimonial significativo”, añadió al tiempo que recordó el principio de presunción de inocencia.
Entre otros argumentos, el agente explicó que él y su mujer empezaron a ahorrar en metálico en junio de 2010 y que su suegra –que falleció ese año– “en vida (le) entregó dinero en efectivo para gastos”.
Además, la representación letrada del teniente coronel incidió en que nada tenía que ver con los hechos que se investigan en otras comandancias ajenas a la de Ávila y que la instrucción le había causado un “daño gratuito” a su “imagen personal y a la de su mujer”. En aquella ocasión solicitó que se le apartase de la causa como investigado y que cambiara su condición a la de testigo. Hasta el momento, permanece investigado.
COMPARECENCIA DEL RESTO DE INVESTIGADOS
Este mismo miércoles, a las 12.45 horas, estaba previsto que compareciera ante el Juzgado de Instrucción Número 3 de Madrid el resto de investigados en el procedimiento para comunicarle su situación procesal.
El teniente general Pedro Vázquez Jarava, quien fuera subdirector general de Apoyo de la Guardia Civil; el empresario Ángel Ramón Tejera, alias ‘Mon’; y un trabajador por cuenta propia estaban citados para acudir a los Juzgados de Plaza de Castilla acompañados de sus abogados, pero esta diligencia también se ha suspendido por la huelga de funcionarios.
Fue el pasado 5 de mayo cuando la juez fijó sus comparecencias tras ampliar la investigación sobre las presuntas irregularidades cometidas después de que la Fiscalía apreciase indicios de presuntos delitos de cohecho que habrían sido cometidos por los cuatro investigados. A raíz del informe del Ministerio Público, la titular del Juzgado estimó pertinente sumar este delito a la lista que ya incluye otros, como falsedad continuada en documento oficial y malversación de caudales públicos.
La instructora adoptó esta decisión tras aceptar la solicitud de la Fiscalía de transformar la causa para que en caso de ser procesados sean juzgados por un tribunal del jurado; ello dado el tipo de delitos que se investigan: “un delito de falsedad continuada en documento oficial, en concurso medial con un delito de malversación de caudales públicos y, en su caso, un delito de cohecho”.
En el marco de la resolución, la juez acordó llamar a comparecer también a los peritos recién designados por la Dirección General del Patrimonio del Estado para que aceptaran el encargo relativo al informe pericial que desde hace unos nueve meses esperan en el Juzgado para esclarecer las obras efectuadas en 13 comandancias: las de Murcia, Albacete, Algeciras, Alicante, Badajoz, Castellón, Huelva, Jaén, La Coruña, Santa Cruz de Tenerife y Toledo.
En este caso, que se empezó a instruir en Ávila en 2019 y fue remitido a Madrid en 2021, Asuntos Internos cifra en 3,3 millones de euros el importe de las obras adjudicadas entre 2008 y 2019 por al menos 13 comandancias de la Benemérita a las empresas administradas por ‘Mon’, pese a constar que algunas de ellas no fueron ejecutadas o fueron realizadas parcialmente, “lo que pudiera ser constitutivo de los delitos de falsedad en documento oficial, falsedad en documento mercantil y malversación”.
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