MADRID/HUELVA, 17 (EUROPA PRESS)
La organización WWF se reunió este martes con la Comisión Europea (CE) para alertar de que la Proposición del Ley para la regulación de regadíos en la Corona Norte del Condado de Huelva, y que califican como “ley anti Doñana”, podría “amnistiar hasta 1.900 hectáreas de cultivos ilegales en el Parque Nacional, más del doble de las declaradas por el PP y Vox”, según se desprende de la investigación que la organización hizo pública el pasado 26 de abril.
En una nota de prensa, WWF ha indicado que en la reunión ha dicho a la Comisión Europea que “ninguna de estas hectáreas cuenta con ningún derecho legal sobre la tierra ni el agua”, por lo que “deberían ser revertidas a su estado anterior y sancionados sus propietarios”. Frente a ello, ha explicado que los representantes de la CE expresaron “su preocupación” y “reiteraron que la proposición de ley es contraria a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Además, la organización reiteró su petición a la Comisión Europea para que “adopte urgentemente todas las medidas necesarias para garantizar que se cumpla la sentencia del TJUE”.
De la misma manera, han recordado que este proceso legal “se inició hace diez años tras la queja presentada por WWF ante este organismo europeo denunciando la extracción abusiva e insostenible de agua para la producción de fresas y otros frutos rojos que han provocado un enorme daño a la naturaleza de Doñana y vulnerado directivas europeas como la de agua y la directiva de hábitats”.
Esta reunión de WWF se produce casi un mes después de que la organización ecologista remitiera una carta a la Comisión Europea (CE) para informar de que la Junta de Andalucía seguía adelante en el Parlamento andaluz con la tramitación de la proposición de ley “pese a las advertencias de la propia CE” y los informes de los científicos del CSIC “que han alertado sobre el grave deterioro de especies y hábitats de Doñana por la sobreexplotación de las aguas subterráneas”.
En la misiva, el secretario general de WWF España, Juan Carlos del Olmo, señalaba que “la ciencia es clara y contundente, las especies y los hábitats de Doñana se están muriendo debido a la sequía prolongada acentuada por la sobreexplotación del acuífero causada por un modelo de gestión del agua totalmente irracional”.
Pero que “pese a ello, la Junta de Andalucía ignora el dictado de la ciencia y continua adelante burlando las advertencias de la CE. Y, lo que es más grave, ignora la sentencia del TJUE, impulsando una ley que amplía la superficie regable, favoreciendo a los agricultores ilegales que llevan años esquilmando el acuífero y contribuyendo al deterioro de Doñana”.
LA INVESTIGACIÓN DE WWF
Asimismo, en rueda de prensa en Huelva, el pasado 26 de abril la organización ecologistas presentó una investigación realizada por WWF mediante el seguimiento de imágenes de satélite con los cambios y la evolución de estos regadíos desde hace más de una década.
La misma calculaba que “hasta 1.903,7 hectáreas de cultivos ilegales, ubicadas en los municipios onubenses de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado, se beneficiarían de la proposición de ley”, según explicó el responsable de Proyectos de Aguas y Agricultura de WWF España, Felipe Fuentelsaz.
Esta superficie que calcula la organización proviene de dos tipos de suelos: los agrícolas de secano y los forestales. En ambos casos, “transformados ilegalmente” entre 2004 y 2014. Según detalló el coordinador para Doñana de WWF España, Juanjo Carmona, la norma habla de “dos actuaciones, por un lado, el suelo de secano que pasa a ser agrícola de regadíos y, por otro, suelos forestales que pasa a ser de regadíos”, todos ellos “de manera ilegal”.
Al respecto, abundó en que “1.432,4 hectáreas calificadas de secano, pero que regaron en algún momento entre 2004 y 2014”, pasarían a ser convertidas en “suelos agrícolas regables”.
Por otro lado, señaló que con la proposición de Ley viene aparejada “la modificación de la Ley Forestal de Andalucía”, que “afectaría no solo a Doñana, sino a toda la comunidad”, por lo cual “hasta 471,3 hectáreas ilegales en zona forestal, es decir, en zonas donde los agricultores arrancaron deliberadamente las masas de árboles para plantar cultivos ilegales de fresas y frutos rojos”, además de que ha señalado que la PDL “califica estas hectáreas primero como suelos agrícolas y, como se comenzaron a regar entre 2004 y 2014, las convierte, en un segundo paso, en suelos agrícolas de regadío”.
“Con esta ley se aumentará la superficie de regadío en un 20% y, por tanto, la presión sobre la exhausta Doñana como le ha recriminado la Comisión Europea, ya que no hay recursos para esta superficie y no van a existir en un futuro”, reprochó Carmona.
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