MADRID, 16 (EUROPA PRESS)
La Comisión Europea considera necesario ampliar la protección de las personas mayores, con discapacidad o que simplemente carecen de teléfonos inteligentes en su uso de la banca.
Así lo manifiesta la comisaria Mairead McGuinness en su respuesta a una pregunta escrita de la eurodiputada de Ciudadanos y vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior del Parlamento Europeo, Maite Pagazaurtundua, en la que reclamaba una solución para quienes no quieran o no puedan afrontar la digitalización de los servicios básicos.
“Las observaciones recibidas de las partes interesadas durante la preparación de la revisión indican la necesidad de mejorar la accesibilidad de la autenticación reforzada de cliente (un paso necesario para prevenir las operaciones fraudulentas en la mayoría de los pagos electrónicos minoristas)”, señala la comisaria europea.
Esta mejora es necesaria, según precisa, “a fin de velar por que todos los clientes, incluidas las personas con discapacidad, las personas de edad avanzada y aquellas que no tengan acceso a canales o dispositivos digitales, como la posesión de un teléfono inteligente, dispongan al menos de un medio que les permita llevar a cabo la autenticación reforzada de cliente”.
Pagaza escribió a la Comisión el pasado mes de febrero haciéndose eco de la denuncia de la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) de España respecto a la exclusión financiera que están sufriendo las personas mayores, causada por el cierre de miles de sucursales bancarias desde hace años y la desaparición paulatina de las denominadas cartillas.
“La prioridad de la utilización de cajeros automáticos y comunicaciones online incrementa el número de personas afectadas por la brecha digital en un asunto que afecta a un servicio básico”, indicó Pagaza.
Ahora, la comisaria Mairead McGuinness ha anunciado que tiene previsto presentar su revisión de la Directiva sobre servicios de pago a finales de este mes de junio. Y ha aclarado que, en su revisión, tiene la intención de tener en cuenta el hecho de que hay ciudadanos de la UE que no quieren o no pueden utilizar medios de pago digitales.
Además, asegura que la Ley Europea de Accesibilidad, que contiene disposiciones para garantizar que determinados servicios bancarios destinados a los consumidores cumplan los requisitos de accesibilidad, entrará en vigor en junio de 2025.
“La Declaración sobre los Derechos y Principios Digitales envía una señal clara, al haberse comprometido el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión a una transformación digital que no deje a nadie atrás y que redunde en beneficio de todos, especialmente de las personas mayores”, indica la Comisión.
Asimismo, se ha comprometido a informar periódicamente sobre los progresos registrados en el fomento y aplicación de la Declaración. No obstante, reconoce que, hasta la fecha, no ha estudiado la creación de un observatorio o una red de observatorios nacionales para supervisar el cumplimiento de la Declaración, algo que reclama la eurodiputada de Ciudadanos.
El primer informe sobre el estado de la Década Digital, cuya adopción está prevista para junio de 2023, abordará cuestiones como la inclusión y la brecha digital.
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