SEVILLA, 15 (EUROPA PRESS)
El Juzgado de lo Penal número ocho de Sevilla tiene fijada para las 16 horas de este martes, la tercera sesión del juicio promovido contra el alcalde de Bormujos, el socialista Francisco Molina; y su concejala de Obras Públicas, la también socialista María del Carmen Garfia, por un presunto delito de prevaricación.
La primera sesión se celebró el pasado 3 de mayo y en el banquillo de los acusados se sentaron el alcalde de Bormujos, su concejal de Obras Públicas y quinta teniente de alcalde, el técnico municipal de Obras Manuel Fernando Fernández Vázquez y el arquitecto técnico Carlos Sánchez Galeote.
El auto de apertura de juicio oral atribuía a cada uno de ellos un presunto delito de prevaricación, si bien en el caso de Sánchez Galeote se le confería la condición de “extraneus” en dicho delito; siendo achacado además un presunto delito de tráfico de influencias a Manuel Fernando Fernández Vázquez.
La causa gira en torno a la decisión del Ayuntamiento de Bormujos de fraccionar en cinco contratos diferentes una serie de trabajos necesarios para una obra a promover por la propia administración mediante una bolsa de empleo municipal, para habilitar como inmueble un patio trasero de una nave municipal y así usar la nueva estancia para el almacenamiento de material, un proyecto que contaba con unos 100.000 euros en el ejercicio presupuestario del Ayuntamiento de 2016, con la sospecha de que dicho fraccionamiento y la conducción de las contrataciones por la vía del contrato menor habrían estado presuntamente dirigidas a la adjudicación de tales tareas a empresas previamente determinadas.
En ese marco habría pesado un aviso del interventor del Ayuntamiento, respecto a un supuesto caso de “incompatibilidad” del técnico municipal de Obras Manuel Fernando Fernández Vázquez como responsable de tramitar las cinco “fases” o contrataciones menores y el arquitecto técnico Carlos Sánchez Galeote como invitado a pujar al menos por una de ellas, la correspondiente al proyecto técnico de obra, por una supuesta “relación” profesional entre ambos.
Al respecto, el alcalde de Bormujos manifestaba que Carmen Garfía era la responsable “política” del proyecto y los funcionarios y técnicos municipales los responsables “administrativos”, más en concreto Manuel Fernando Fernández, alegando que él conocía el asunto de manera “general” pero no había entrado en los “pormenores”.
“CONFIAR EN LOS TÉCNICOS”
El primer edil dijo desconocer por qué se optó por fraccionar las contrataciones, agregando que imagina que fue por propuesta “los funcionarios”, insistiendo en que él, como alcalde, confía “en el trabajo de los técnicos”. Según sus palabras, los propios funcionarios vendrían abogando por dicho fraccionamiento para así garantizar que la obra estuviese en el plazo del 31 de diciembre de aquel año.
Especialmente, aseguraba que desconocía cualquier “relación” profesional entre el técnico municipal de Obras Manuel Fernando Fernández Vázquez, quien trabaja en el Ayuntamiento desde antes que hace casi ocho años él comenzase a gobernar, y el arquitecto técnico Carlos Sánchez Galeote.
En todo momento defendió que el proyecto contó con la participación de diferentes técnicos y funcionarios y “nadie advirtió de ninguna ilegalidad”, pues “los funcionarios nunca dijeron nada”, tras lo cual manifestaba que finalmente, el interventor municipal avisó de una “incompatibilidad” del técnico Manuel Fernando Fernández dada su supuesta “relación” profesional con un arquitecto técnico invitado a presentar oferta para el contrato menor destinado al diseño de la obra, ante lo cual ordenó “iniciar el proceso” para “corregir” tal extremo y “anular” las actuaciones.
A tal efecto, dijo no recordar que tratase de malos modos al interventor por los requerimientos del mismo y encuadraba esa acusación en el “miedo y las amenazas recibidas”. “No encuentro otra explicación”, aseveraba.
Carmen Garfia, de su lado, aseguraba que fue el interventor quien decidió el “fraccionamiento” de la obra, recordándole la fiscal que según dicho habilitado nacional habría sido ella quien lo decidió. Ella, no obstante, insistía en que la decisión la adoptó el interventor junto con el técnico de la obra, o sea Manuel Fernando Fernández, atribuyendo además al interventor la iniciativa de invitar a tres empresas por cada contrato y a Manuel Fernando Fernández la propuesta de las empresas a invitar.
LA OFERTA DE GALEOTE “ERA LA MÁS BARATA”
Relató además que nunca supo de relación alguna entre Manuel Fernando Fernández y Sánchez Galeote, hasta que el alcalde se lo trasladó tras el aviso del interventor, pues si “antes hubiesen advertido de algo erróneo, se habría parado” el procedimiento. En cualquier caso, defendía que la oferta de Sánchez Gaoleote “era la más barata” y por ende la más ventajosa para el Ayuntamiento.
Según su relato, el interventor municipal comunicó que Sánchez Gaoleote “no podía trabajar” con el Ayuntamiento porque él “había visto en Internet” que compartía “despacho” profesional con el técnico municipal Manuel Fernando Fernández, si bien a preguntas de la defensa de Sánchez Gaoleote, señalaba que todo fue “verbal” y que desconoce si hubo comprobaciones o trámite de audiencia para que los aludidos alegasen o que se incoase procedimiento de incompatibilidad sobre el mencionado técnico.
En cualquier caso, negaba una “ocultación” de estas contrataciones, asegurando que es “normal” contratar con técnicos locales y considerando que Manuel Fernando Fernández no pudo “manipular” el proceso de contratación, sin encontrar explicación a por qué en el segundo proceso para la contratación del diseño, la empresa seleccionada en el nuevo proceso presentó el proyecto minutos antes de serle comunicada la adjudicación, extremo alertado por la fiscal del caso.
SIN RELACIÓN “PROFESIONAL”
Manuel Fernando Fernández, por su parte, manifestaba que con Sánchez Galeote sólo compartía “una página web” con “maquetas y material de trabajos académicos” de la época en la que ambos cursaban su carrera universitaria, descartando que les uniese una relación “profesional” y alegando que en la web figuraba su domicilio porque había que indicar alguna “referencia” en la materia. Al punto, agregaba que nunca fue recusado, que no ejerce actividad privada alguna y que tras el aviso del interventor no se le dio audiencia para alegar.
Alegaba además que fue otro “arquitecto aparejador” al que conocía de la carrera y a quien consultó quien le propuso a qué empresas invitar para el diseño de la actuación programada por el Ayuntamiento y que la de Sánchez Galeote “era la oferta más ventajosa” al ser la más económica, asegurando que el mismo cedió el borrador que tenía preparado del proyecto para el segundo procedimiento de selección de empresa adjudicataria.
Así, aseguró que no tenía “ningún interés” económico en que Sánchez Galeote se hiciese con el mencionado contrato menor, defendiendo que el importe global de las cinco “fases” en las que fue dividida la obra no superaba siquiera el máximo de 50.000 euros que entonces regía para un único contrato menor, así como que fue el interventor quien decidió este “faseado” de la contratación.
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