VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN (SEVILLA), 15 (EUROPA PRESS)
El Juzgado de Instrucción número 14 de Sevilla tiene citados para las 10,30 horas de este martes al alcalde de Valencina de la Concepción (Sevilla), Antonio Manuel Suárez (PSOE), y la concejal no adscrita Susana Martín, expulsada de Cs por apoyar la reelección de Suárez como alcalde supuestamente sin autorización del partido y después cogobernar junto a él; en calidad de querellados para entregarles copia de la denuncia promovida contra ellos por el PP, que aprecia presuntos delitos de prevaricación y malversación por la retribución cobrada por dicha edil como miembro del Gobierno local.
Así figura en una diligencia de ordenación emitida el pasado 10 de abril por dicha instancia judicial y adelantada por el diario ABC de Sevilla.
Todo gira en torno a la resolución de 9 de julio de 2019 para el nombramiento de Susana Martín como cuarta teniente de alcalde y el acuerdo del pleno de 15 de julio de 2019 respecto a su dedicación parcial con cargo a los fondos municipales, como responsable de varias áreas municipales.
Recordemos al respecto que en febrero de 2021, el Ayuntamiento de Valencina celebraba un pleno extraordinario promovido por el PP sobre la situación de la concejal no adscrita, expulsada de Cs por apoyar la reelección del alcalde del PSOE supuestamente sin autorización del partido.
Al respecto, el PP señalaba la sentencia emitida en octubre de 2020 por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, fijando como doctrina que el pase a la condición de concejal no adscrito, “como consecuencia o por razón de un supuesto de transfuguismo, impide que se asuman cargos o que perciban retribuciones que antes no ejercía o percibía e impliquen mejoras personales, políticas o económicas”.
REVISIÓN DE OFICIO
En aquel pleno de febrero de 2021 fue aprobado gracias al apoyo de la edil de Adelante que cogobierna con el PSOE impulsar una revisión de oficio respecto a los actos mediante los cuales fue asignado a Martín un régimen de dedicación parcial del 75 por ciento y por tanto retribución municipal, al objeto de reclamar el reingreso de los emolumentos cobrados.
Ya en mayo de 2021, el pleno del Ayuntamiento debatía “la declaración de lesividad en relación al nombramiento como cuarta teniente de alcalde y asignación de delegaciones a Susana Martín del Río”, pesando después un dictamen emitido en diciembre de 2021 por el Consejo Consultivo de Andalucía, contrario a la propuesta de resolución desestimatoria de la nulidad solicitada en el procedimiento tramitado por el Ayuntamiento sobre la revisión de oficio de la resolución de 9 de julio de 2019 para el nombramiento de Susana Martín como cuarta teniente de alcalde y el acuerdo del pleno de 15 de julio de 2019 respecto a su dedicación parcial con cargo a los fondos municipales.
Dicho dictamen, recogido por Europa Press, determina que tales actos del Ayuntamiento de Valencina de la Concepción “son contrarios al artículo 73.3 de la Ley de Bases de Régimen Local”, pues “a la luz de la jurisprudencia referida, estamos ante un requisito esencial (no ser tránsfuga) para asumir cargos o percibir retribuciones que antes no ejercía o percibía e impliquen mejoras personales, políticas o económicas”.
ACTOS “NULOS DE PLENO DERECHO”
“Por tanto, concurre la causa de nulidad considerada, de modo que los actos en cuestión son nulos de pleno derecho por adolecer de tal vicio”, resumía el Consultivo.
Pero a la vez, dicha institución precisaba en su dictamen que “con entera independencia de la causa que ha conducido a la ilegalidad y posterior anulación de los citados nombramientos, al haberse prestado de forma real y efectiva los servicios con la aquiescencia de la Administración, los efectos de dicha anulación no alcanzarán a las retribuciones percibidas por razón de los mismos”.
Ya en enero de 2022, el pleno habría aprobaba declarar la nulidad del nombramiento de esta edil como cuarta teniente de alcalde y responsable de las delegaciones municipales de Juventud, Participación Ciudadana y Transparencia, Convivencia, Ciudadanía y Ordenación del Tráfico; asumidas por el alcalde; así como de su dedicación parcial al 75 por ciento, pero “sin efectos retroactivos” según el gobierno local.
En ese sentido, el PP señala en su querella que en diciembre de 2020, el secretario general del Ayuntamiento había emitido un informe según el cual tras la sentencia emitida en octubre de ese año por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, no estaba permitido que la concejala “asuma cargos o que perciba retribuciones que antes no ejercía o percibía e implique mejoras personales, políticas o económicas”.
TAMBIÉN EL INTERVENTOR
También señala que en febrero de 2021, el interventor municipal señalaba en un informe “la ilegalidad de la continuidad en el abono de las retribuciones a la concejala Susana Martín”, así como los reparos de dicho habilitado nacional a las retribuciones a Susana Martín.
Según la querella del PP, “los denunciados eran plenamente conscientes de la ilegalidad de la percepción de la retribución por parte de Martín, omitiendo realizar actuación alguna con la que cesar la infracción del ordenamiento jurídico, generando con ello un perjuicio claro al patrimonio administrado”, traducido en presuntos delitos de prevaricación y malversación según consideran los populares.
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