MADRID, 14 (SERVIMEDIA)
El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo Pérez Bueno, reclamó el apoyo de los grupos parlamentarios del Senado a sus enmiendas la Ley de Vivienda que debatirá y votará este miércoles la Cámara Alta “para dar respuesta a la necesidad apremiante de accesibilidad a las viviendas”, ya que “no habrá derecho a la vivienda si no hay accesibilidad”.
Así lo indicó en declaraciones a Servimedia el presidente del Cermi, cuyas enmiendas han sido recogidas por el PNV y se votarán en el Pleno. De aprobarse alguna de las más de 300 enmiendas presentadas, la norma tendría que volver al Congreso y no podría entrar en vigor antes de las elecciones autonómicas y locales del 28 de mayo.
Pérez Bueno subrayó que hay “más de 100.000 personas con discapacidad y mayores” que tienen problemas de movilidad y están “presas en sus casas” por “culpa” de la Ley de Propiedad Horizontal. El presidente del Cermi denunció que esta norma es “preconstitucional”, pues fue aprobada en 1960, e “ignora” la realidad de estas personas.
De esta manera, las enmiendas 321, 322 y 323 de los nacionalistas vascos buscan modificar el texto que actualmente obliga a los solicitantes de obras de accesibilidad en su edificio, tales como un ascensor, una rampa u otros dispositivos, a asumir el coste que exceda de doce mensualidades ordinarias de gastos comunes, descontadas las ayudas públicas.
La primera enmienda persigue que las unidades familiares con ingresos inferiores a 29.400 euros anuales (3,5 veces el Iprem) que estén obligadas a costear las obras dispongan de ayudas directas de al menos el 80% de la cantidad que tengan que desembolsar.
La segunda enmienda busca eliminar de la Ley de Suelo la definición de actuación en materia de accesibilidad que suponga una carga “desproporcionada”, que actualmente se considera cuando el coste de las obras, descontando las ayudas públicas a las que se tenga derecho, exceda de doce mensualidades ordinarias de gastos comunes.
En tercer lugar, se busca introducir una disposición que obligue al Ejecutivo a elaborar y aprobar en el plazo de un año un texto que refunda la Ley de Propiedad Horizontal y otra norma de 1995 sobre límites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras arquitectónicas a las personas con discapacidad, previa consulta al Consejo Nacional de la Discapacidad.
“La Ley de Vivienda solo será aceptable y transformadora si resuelve también la accesibilidad, que es un problema tan grande como otros que sí aborda la ley”, señaló Pérez Bueno.
LEY DE VIVIENDA
Al tratarse de un procedimiento urgente, el Senado se puso de fecha límite hasta el 18 de mayo para la tramitación del texto después de que el Congreso validase la norma el pasado 27 de abril con 176 votos a favor, una abstención y 167 votos en contra.
La norma superó el debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Senado el pasado jueves en una estrecha votación, gracias a 15 votos a favor y una abstención frente a 14 votos en contra. El texto saldrá adelante en la Cámara Alta gracias al acuerdo alcanzado el pasado de abril entre el PSOE, ERC, EH Bildu y Unidas Podemos, si bien esta última formación no cuenta con representación en el Senado.
No obstante, se mantiene la incógnita de si el texto incorporará a última hora alguna enmienda, lo que obligaría a devolver el texto al Congreso. En total, se han presentado un total de 324 enmiendas, 105 de las cuales las ha presentado el grupo de la Izquierda Confederal, formado por Más País, Compromís y otros partidos regionalistas de izquierdas.
Asimismo, los populares han presentado 96 enmiendas, el grupo nacionalista conformado por Junts y Coalición Canaria, 57; el Grupo Mixto, 27; el PNV, 23; el grupo conformado por Ciudadanos, Teruel Existe y PRC, 11; y hay otras cinco enmiendas conjuntas. Ninguno de los grupos que alcanzaron un acuerdo para desbloquear la ley ha presentado enmiendas.
Tras el último trámite parlamentario, se desbloqueará una de las grandes leyes de la legislatura, que estuvo más de un año atascada desde su aprobación en Consejo de Ministros por la falta de acuerdo del PSOE y de Unidas Podemos con sus socios para regular los alquileres, entre otras cuestiones. Finalmente, el pasado 14 de abril se anunció el acuerdo para sacar la ley adelante.
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