GRANADA, 12 (EUROPA PRESS)
El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha informado este viernes de las medidas contempladas en el Real Decreto-ley para hacer frente a la sequía aprobado el jueves en Consejo de Ministros extraordinario y ha calculado que “sólo las exención fiscales que plantea supondrán un ahorro de 40 millones de euros para los agricultores andaluces”, a lo que ha sumado otra serie de medidas urgentes que beneficiarán a la comunidad.
Así, en rueda de prensa en Granada, ha explicado que “éste es el segundo decreto de sequía que aprueba el Gobierno de España respondiendo a las exigencias de una realidad que afecta con fuerza al sector primario de todo el país, pero de forma muy directa a Andalucía”.
Por ello, ha subrayado que estamos ante medidas coordinadas por los ministerios de Agricultura y de Transición Ecológica por valor de 2.200 millones de euros, entre las que se encuentran las carácter fiscal –como la exención de las tasas y canon por el uso del agua– para los agricultores que hayan tenido una reducción superior al 40 por ciento, “que en el caso de Andalucía supondrá un ahorro de 40 millones de euros para nuestros agricultores”.
A esta batería ha sumado otras de apoyo al sector primario, que suman 784 millones de euros, de las que 636,7 millones del total serán ayudas directas para agricultores y ganaderos. En Andalucía, Pedro Fernández ha calculado que alcanzarán a más de 265.000 agricultores, ganaderos y apicultores.
INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS
Además, ha comentado, “con el claro objetivo de impactar sobre la comunidad andaluza, el Gobierno destina el 72,7 por ciento de la inversión contemplada en el real decreto-ley a infraestructuras en demarcaciones hidrográficas de las que Andalucía forma parte, es decir, Guadalquivir, Guadiana y Cuencas Mediterráneas”.
“Estamos hablando de actuaciones de ejecución inmediata por valor de 15,4 millones de euros para actuaciones de mejora de la garantía de agua para abastecimiento a la población y un aprovechamiento más eficiente de la misma por parte de las comunidades de regantes en las cuencas del Guadalquivir y del Guadiana”, ha remarcado, destacando los 745.782 euros para una batería de pozos de emergencia para abastecimiento a la ETAP de El Chaparral ‘Fase I: sondeos de investigación’, en Granada; y la adecuación de la toma de la C.R. del Canal de Jabalcón en el embalse del Negratín (Granada), por valor de 125.000 euros lo que “permitirá mejorar la extracción de agua del embalse ante la bajada significativa del nivel del mismo”, ha afirmado.
Dentro de esos más 15 millones de euros también se incluye el acondicionamiento de obra de toma C.R. de Deifontes (Granada), por valor de 63.122 euros; la limpieza y adecuación del canal de alimentación de la estación de bombeo de la presa del Arenoso (Córdoba), estimada en 600.000 euros; la captación en el río Genil para aportación de agua al abastecimiento del Consorcio de Aguas del Plan Écija (Córdoba), presupuestada en 1.485.730 euros.
A ello se suma la adecuación del desagüe de fondo presa de Giribaile para la atención de las demandas y caudales ecológicos, en la provincia de Jaén, por valor de 500.000 euros, así como la terminación de la estación de bombeo de recursos desde el canal del Bajo Guadalquivir al embalse de Torre del Águila y adecuación obra salida impulsión en el embalse (Sevilla), con una inversión de 2,1 millones.
La adecuación de tomas de las comunidades de riego en el cuenco del Canal del Bajo Guadalquivir (Sevilla), con un presupuesto de 250.000 euros, las mejoras en el embalse de La Fernandina para garantía de abastecimiento de Vilches y La Carolina (Jaén), con 2,5 millones; los pozos abastecimiento de Vilches y de La Carolina (Jaén), estimados en 300.000 euros y la adecuación toma del Canal del Viar en el embalse de Melonares (Sevilla), por valor de 2,16 millones.
También se ha referido el delegado del Gobierno al incremento de la capacidad de aducción desde los sistemas del Viar/SRG (Sevilla), que alcanza los 3,95 millones, y a los 600.000 euros para adecuaciones complementarias del trasvase de La Colada a Sierra Boyera.
A todo ello, Pedro Fernández ha sumado los 200 millones de euros para la desalinización en las provincias de Málaga y Almería y ha explicado que se van a declarar de Interés General del Estado dos desaladoras en ambas provincias, “pero tendrá que ser la Junta de Andalucía la que decida la ubicación de las mismas”.
Ha recordado además que se contemplan 88,5 millones de euros en actuaciones prioritarias que deben acometerse en los próximos años, “con el objetivo de incrementar la resiliencia de los sistemas de recursos hídricos a las situaciones de escasez”. En este apartado, ha puntualizado, “se incluyen actuaciones destinadas a la recuperación ambiental del espacio natural de Doñana y a la mejora del tratamiento de agua potable”.
Ha informado además de que “el Gobierno ha declarado de Interés del Estado actuaciones relevantes, como las obras de consolidación de la Zona Regable del Negratín, en la Comarca de Baza, y que incluye los términos municipales de Baza, Caniles, Zújar y Freila, actuación que atiende un presupuesto inicial de 12 millones, para una superficie de 6.700 hectáreas, “pero que tras la nueva Declaración de Interés General, el Gobierno de España asume la titularidad de las actuaciones y da un impulso definitivo al Regadío de las Comarcas de Baza”, ha dicho.
Otra actuación declarada de Interés ha sido la mejora del abastecimiento a la entidad local de Matalascañas en Almonte (Huelva) desde la estación de tratamiento de agua potable de Palos (Huelva), en los términos previstos en el Plan Hidrológico del Guadalquivir, aprobado por el Real Decreto 35/2023, de 24 de enero.
Con ello, se autoriza la transferencia de hasta 3 hectómetros cúbicos/año desde la demarcación hidrográfica del Tinto, Odiel y Piedras a la demarcación hidrográfica del Guadalquivir para atender el abastecimiento de Matalascañas en Almonte (Huelva).
OTRAS MEDIDAS
El delegado del Gobierno ha hecho mención a otras medidas de carácter general, como la ampliación de la subvención a la contratación de seguros agrarios, hasta cubrir el 70 por ciento del coste de la póliza de los cultivos más comprometidos por la falta de lluvias; la excepción de la cuota del IBI correspondiente al ejercicio 2023 cuando se haya sufrido una reducción del rendimiento neto de las actividades agrarias de, al menos, un 20 por ciento respecto a la media de los últimos tres años; y la reducción a 10 el número mínimo de jornadas reales cotizadas para acceder al subsidio agrario.
En definitiva, ha concluido, “decisiones para una situación urgente, pero que tienen carácter estructural, ya que persiguen aliviar la compleja y difícil situación que atraviesa el sector primario en la actualidad, pero con la mirada puesta en el futuro”.
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