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El Partido Popular mantiene su intención de enjuiciar a cuatro exlíderes de ETA por el asesinato de Miguel Ángel Blanco luego de la declaración de dos miembros de la organización terrorista

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Sostiene que la decisión de atentar contra el concejal fue tomada por la cúpula de la banda al ser un atentado de la “máxima trascendencia”

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El Partido Popular ha vuelto a pedir a la Audiencia Nacional que dicte auto de procesamiento contra cuatro exjefes de la organización terrorista ETA por el asesinato del concejal ‘popular’ en Ermua Miguel Ángel Blanco después de conocer el testimonio de dos exmiembros de la banda arrepentidos.

En un escrito de este jueves, recogido por Europa Press, la formación insta al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García Castellón, a proceder contra José Javier Arizcuren, alias ‘Kantauri’; María Soledad Iparraguirre ‘Anboto’; Miguel Gracia Arregui, ‘Mikel Antza’ e Ignacio Miguel Gracia Arregui, ‘Iñaki de Rentería’.

El partido liderado por Alberto Núñez Feijóo ya interesó que se procesara a todos ellos el 28 de septiembre de 2022, aunque el instructor rechazó esta pretensión el pasado mes de enero al considerarla prematura.

Los ‘populares’ han presentado ahora una ampliación de ese escrito en el que ponen el foco en las manifestaciones realizadas por dos testigos protegidos, “de las que se desprende inequívocamente que los investigados en el procedimiento de referencia ostentaban un control omnímodo de la banda terrorista ETA, en calidad de miembros de su Comité Ejecutivo”.

Además, el PP insiste en que según esas declaraciones “la decisión de atentar contra el señor Blanco Garrido fue tomada por aquéllos, al tratarse de un atentado de máxima trascendencia política”.

Los exmilitantes de ETA, testigos protegidos 001 y 002, permanecieron en la banda en diferentes épocas –uno de ellos en la década de los 80 y el otro en los 90– y entre ambos han ofrecido a los investigadores una fotografía de “la estructura, el funcionamiento y la composición de las estructuras directivas de la organización terrorista”.

Los nombres que han aportado, además de los cuatro exjefes de ETA anteriormente mencionados, son los de José Antonio Urrutikoetxea, ‘Josu Ternera’, Santiago Arróspide, ‘Santi Potros’; Eugenio Etxebeste Arizkuren, alias ‘Antxon’; José Javier Zabaleta, alias ‘Baldo’; Francisco Múgica Garmendia, ‘Pakito’ y Domingo Iturbe, ‘Txomin’.

A esos ‘históricos’ de la banda terrorista suman los de Javier García Gaztelu, ‘Txapote’, y Julián Achurra Egurola, ‘Pototo’.

SOBRE LAS TESTIFICALES

Fuentes consultadas apuntan que el primero de los testigos es quien habría ofrecido los nombres de los seis de su etapa más el de otros cinco de los que sabía tanto por conocimiento propio como por otros miembros de la organización con los que compartió prisión, mientras que el segundo habría corroborado y completado la lista con un nombre más.

Según ha trascendido de estas dos testificales, los etarras debían contar con la autorización de los jefes de la organización terrorista para perpetrar los asesinatos de políticos. Y este extremo podría ser una prueba fundamental para demostrar la autoría mediata en casos como el del propio Miguel Ángel Blanco o tal también dirigente del PP Gregorio Ordóñez.

Según la formación, estas revelaciones “vienen a consolidar las conclusiones” alcanzadas por la Guardia Civil en uno de sus informes, del que se desprende que “fueron los investigados cuyo procesamiento se interesa quienes dieron la orden de secuestrar, primero, y asesinar, después, a Miguel Ángel Blanco Garrido, dada la relevancia mediática y estratégica de la decisión”.

“Nada de lo que ocurría en ETA era consecuencia de la decisión personal o aleatoria de la militancia, que se limitaba a asumir las órdenes que le daba el responsable de su comando, en calidad de emisario de la máxima dirección”, insiste el PP.

En este contexto, el partido alega que esta causa es “el máximo exponente de esa estructura jerarquizada, centralizada y con nula participación de la base en la toma de decisiones”. “Solo ese absoluto dominio funcional de la banda terrorista por sus máximos dirigentes puede justificar la inmediata reivindicación del secuestro y posterior asesinato de Miguel Ángel Blanco Garrido”, colige.


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