Alerta de que sólo una de cada cuatro miembros de este colectivo tuvo acceso a un recurso residencial especializado en 2022
MADRID, 10 (EUROPA PRESS)
La Mesa Técnica de Atención a las Personas LGTBIAQ+ en Riesgo de Exclusión Residencial (MAPER) ha denunciado la “escasez de recursos específicos” para atender a las personas de este colectivo demandantes de un alojamiento.
Según el informe elaborado por la organización, un total de 429 lesbianas, gais, trans, bisexuales, intersexuales, asexuales, queer y demás perfiles no heteronormativos solicitaron en 2022 alojamiento a alguna de las entidades que conforman MAPER tras haber sido expulsadas de su domicilio o huir de sus países de origen debido a su orientación sexual o identidad de género.
De ellas, apenas el 27% (116) pudieron ser atendidas y se les ofreció un recurso específico, lo que supone algo más de una de cada cuatro, recalca la Mesa, cuyo informe “pone de manifiesto las dificultades que afrontan las entidades para atender a estas persona”, las cuales “habitualmente se ven obligadas a pernoctar en albergues para población sin hogar en general”, lo que implica “riesgos en ocasiones” y “mayores niveles de estrés”, ya que “con frecuencia deben ocultar su orientación sexual o identidad de género para evitar problemas”.
A nivel administrativo, el informe de Maper apunta a las trabas para lograr el padrón y los problemas de acceso a seguimiento sanitario, unido al bloqueo al que se enfrentan las personas que han solicitado el asilo en España, como los grandes escollos para las personas LGTBIAQ+ y las entidades que las atienden.
Respecto a la edad de las personas atendidas por las diferentes entidades se extrae en el informe una edad media de 29,78 años. En término generales, se trata de una población “principalmente joven” y que guarda relación con la expulsión del domicilio familiar o con su proceso migratorio por necesidad de huir de su lugar de origen.
En lo que a la identidad de género se refiere, las diferentes entidades han atendido mayoritariamente a hombres cisgénero, muy por encima del siguiente dato, que serían mujeres cisgénero. Las mujeres trans representan la tercera identidad dentro de las entidades de carácter residencial que atienden a personas LGTBIAQ+ sin hogar.
PROCEDENCIA DE LAS PERSONAS
En lo que al lugar de procedencia se refiere, existe una gran diferencia entre las opciones disponibles. Así pues, un 86,9% pertenecía a países extracomunitarios, un 0,4% a un país comunitario y un 12,7 % eran españoles.
Entre las personas procedentes de países extracomunitarios, las nacionalidades con mayor representatividad son Colombia, con un 26,6%; Venezuela, con un 21,5%, y Perú, con un 7,7%, siendo todos ellos procedentes de Latinoamérica. En la cuarta posición aparecen las personas procedentes de Marruecos, con un 5,2%.
En lo que se refiere a la situación administrativa de las personas, existen porcentajes “muy similares” entre personas que se encuentran con una situación administrativa regular y personas en situación administrativa irregular, si bien las personas con permiso de residencia o trabajo suponen la mayoría, con un 53%.
Maper explica en su informe que esta falta de recursos se puede deber al desconocimiento del número de personas LGTBIAQ+ en situación de calle, ya que muchas de estas personas “no aparecen en los recuentos oficiales de personas sin hogar”, en primer lugar, porque no se pregunta más allá de si las personas son hombres y mujeres, obviando cualquier otra identidad y, en segundo lugar, porque el conteo se hace a partir de los niveles 1 y 2 de la categoría ETHOS, quedando gran parte de la población LGTBIAQ+ fuera del recuento.
Entre las propuestas de la Mesa para abordar a corto y medio plazo figuran la estabilización y aumento de los fondos de los que se nutren las entidades para atender a las personas LGTBIAQ+ sin hogar; la ampliación de plazas y la creación de un recurso de emergencia, con el cual poder dar una respuesta rápida a las emergencias surgidas; la creación de recursos especializados en personas LGTBIAQ+ que presentan problemáticas específicas como problemas de adicción, discapacidad o salud mental; planes de mejora de la empleabilidad; mejora del sistema de asilo, con especial atención a las personas que huyen de sus países por razón de LGBTfobia, y creación de un Comisionado de Buenas Prácticas que supervise el cumplimiento del Decreto por el cual una persona tiene derecho a ser empadronada en los centros municipales de servicios sociales.
Las entidades participantes en la elaboración de este informe son Apoyo+, Asociación Arcópoli, COGAM, Fundación 26 de Diciembre, Fundación Eddy-G, Fundación San Martín de Porres, Imagina Más y el Programa Madrileño de Información y Atención LGTBI.
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