MADRID, 09 (SERVIMEDIA)
El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por más de 50 diputados del Grupo Parlamentario Vox del Congreso contra diversos preceptos de la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Los recurrentes sostienen que la norma impugnada podría vulnerar, entre otros, los artículos 9.3, 10.2, 14, 16, 18, 20, 24, 25 o 27 de la Constitución.
Por otro lado, el Pleno también ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por más de 50 diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados contra la Ley Orgánica 11/2022, de 22 de diciembre, de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea, y reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso.
Los demandantes alegan que la ley recurrida podría ser inconstitucional por defectos en su procedimiento de aprobación y también impugnan los preceptos que eliminan el delito de sedición y modifican los delitos de malversación y desórdenes públicos. Sostienen que estos artículos podrían infringir, entre otros, los artículos 9.3, 14, 24, 117.3 o 62.i de la Constitución.
El Pleno del TC además ha admitido a trámite los recursos de inconstitucionalidad promovidos por la Asamblea de Madrid y por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia contra el artículo 3 de la Ley 38/2022, de 27 de diciembre, para el establecimiento de gravámenes temporales energético y de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito y por la que se crea el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas, y se modifican determinadas normas tributarias.
En total, ya se han admitido a trámite cinco recursos de inconstitucionalidad contra el citado impuesto. Además de estos dos, están tramitándose los recursos presentados por los gobiernos autonómicos de Andalucía, Comunidad de Madrid (Consejo de Gobierno) y Galicia (ver notas de prensa 22 y 27, respectivamente).
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