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La Estrategia de Infancia ha sido aprobada por el Gobierno para asegurar que todos los derechos de los niños sean garantizados en su totalidad

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MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la Estrategia Estatal de Derechos de la Infancia y la Adolescencia a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, una hoja de ruta para que en 2030 “todos” los derechos de los niños y niñas estén “plenamente garantizados”.

“La Estrategia es una guía hacia un futuro donde todos los derechos de los niños, niñas y adolescentes estén plenamente garantizados. Por eso, establece medidas para acabar con la pobreza infantil, fomentar la participación, proteger frente a la violencia o fortalecer el desarrollo de entornos saludables”, ha destacado la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, en un vídeo.

Para ello, ha añadido que se deben “poner en marcha todos los esfuerzos y todos los recursos que sean necesarios”, primero, con la Garantía Infantil Europea, financiada con más de 1.200 millones de euros y también con medidas “ambiciosas” que recoge esta estrategia, “como un sistema de atención temprana que la garantice como derecho, acciones para reducir la tasa de abandono escolar y la brecha digital y el aumento de especialistas de salud mental”.

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Además, la ministra ha subrayado la importancia de “seguir avanzando en la implementación de la Ley Rhodes, para que proteja a cada niño y niña del país”.

Según informa el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, esta estrategia responde a las Observaciones realizadas a España por el Comité de los Derechos del Niño en febrero de 2018 e incorpora “buena parte” de las recomendaciones efectuadas.

La estrategia cubre el periodo 2023-2030 y contiene ocho áreas estratégicas: ciudadanía activa de la infancia; acabar con la pobreza infantil y la exclusión social; fortalecer su desarrollo integral y equitativo en un entorno saludable; reforzar su desarrollo en la educación y la cultura; el derecho a la familia, los cuidados alternativos y la desinstitucionalización; la protección integral de niños frente a la violencia; la protección y la inclusión social de la infancia migrante; y garantizar los derechos de la infancia en el entorno digital.

Para su elaboración han contado con las aportaciones de los niños, niñas y adolescentes, a través del Consejo Estatal de Participación de la Infancia y de la Adolescencia, “con el objetivo de que la sientan como propia”; con las entidades de infancia; los miembros del Observatorio de la Infancia; con la experiencia de las comunidades autónomas, por ser las que ostentan las competencias en materia de protección a la infancia, y con las entidades locales.

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Asimismo, han contado con la colaboración de otros ministerios, como el de Sanidad, Interior, Justicia, Igualdad o Educación y Formación Profesional.

Según destaca el Ministerio de Derechos Sociales, esta nueva hoja de ruta en materia de infancia se suma a otros avances llevados a cabo durante la legislatura como la creación de más de 60.000 plazas públicas y gratuitas para la escuela de 0 a 3 años, el complemento a la infancia dentro del Ingreso Mínimo Vital (IMV) o la extensión de la deducción por maternidad del IRPF.


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