SEVILLA, 7 (EUROPA PRESS)
La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía tramita por la “vía de urgencia” una modificación de la orden que regula la concesión de ayudas económicas del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) a mujeres víctimas de violencia de género, para agilizar la tramitación administrativa de las mismas.
Así se desprende de la memoria justificativa del proyecto de orden en el que trabaja la Consejería que dirige Loles López para modificar dicha normativa, consultada por Europa Press después de que el departamento de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad haya resuelto someterlo a información pública.
En concreto, la Secretaría General Técnica de la Consejería ha acordado someter a información pública el proyecto de orden por la que se modifica la Orden de 23 de febrero de 2021, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas económicas, en régimen de concurrencia no competitiva por el Instituto Andaluz de la Mujer a mujeres víctimas de violencia de género.
El proyecto de orden estará sometido a información pública en un periodo de tiempo de siete días hábiles a contar desde el día siguiente a este pasado viernes, 5 de mayo, cuando salió publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) la resolución que da a conocer esa apertura de plazo para que “los organismos, entidades y personas interesadas formulen las alegaciones que estimen pertinentes”.
Durante dicho plazo, el texto del proyecto de orden, “junto con el resto de la documentación que conforma el expediente”, estará disponible para su “general conocimiento” en el Portal de la Transparencia de la Junta de Andalucía.
SIMPLIFICACIÓN DE LA TRAMITACIÓN
La memoria justificativa sobre la “necesidad y oportunidad” de este proyecto de orden defiende esta modificación de las bases reguladoras de la concesión de dichas ayudas económicas teniendo en cuenta “la experiencia en la tramitación” de las mismas, y “con el fin de disminuir las cargas administrativas y facilitar la protección de las necesidades sociales de un colectivo vulnerable como son las mujeres víctimas de violencia de género”, de modo que con este proyecto se pretende “adecuar y simplificar la tramitación administrativa para la concesión de subvenciones de la Junta de Andalucía en régimen de concurrencia no competitiva”.
Por parte de la Consejería se insiste en señalar que “la experiencia generada en la ejecución de la Orden de 23 de febrero de 2021 ha puesto de manifiesto la conveniencia de introducir mejoras en estas bases reguladoras” y “adaptarlas a la actualidad” para seguir cumpliendo lo recogido en el Estatuto de Autonomía para Andalucía acerca de que “las mujeres tienen derecho a una protección integral contra la violencia de género, que incluirá medidas preventivas, medidas asistenciales y ayudas públicas”.
La norma que se pretende aprobar por parte de la Consejería de Igualdad “tendrá vigencia indefinida desde el día siguiente al de su publicación” en el BOJA y “dejará sin efecto todas aquellas disposiciones de igual o inferior rango, en lo que contradigan o se opongan a lo dispuesto en ella, y en particular, la Orden de 23 de febrero 2021”, según prevé el departamento que dirige Loles López.
La memoria justificativa sostiene también que este proyecto de orden que ultima la Junta “contribuye de manera directa a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, alineándose directamente con el de Igualdad de Género (ODS 5)”, que contempla la violencia de género, y vinculándose también al ODS 1 ‘Fin de la Pobreza’, “al proporcionar unos recursos económicos que facilitarán la inserción social de las mujeres víctimas de violencia machista y sus familiares a cargo”.
Finalmente, la Consejería justifica la “especial urgencia en la tramitación de estas modificaciones” para proteger “las necesidades sociales de un colectivo especialmente vulnerable como son las mujeres víctimas de violencia de género”, teniendo en cuenta que “la experiencia tramitando las ayudas económicas desde la entrada en vigor de la Orden 23 de febrero de 2021 ha concluido en diversas cargas a las interesadas que provoca la dilatación de las resoluciones de las ayudas”.
“Ante esta realidad, nos encontramos con la necesidad de modificar lo antes posible estas ayudas para favorecer la independencia de las víctimas de violencia de género”, sostiene el citado documento de la Consejería de Inclusión Social para defender la “declaración de urgencia” para la tramitación de esta orden y, con ello, “acortar los plazos en la modificación de unas bases que son necesarias para dar cobertura legal a unas ayudas que inciden en gran medida en la sociedad civil y fundamentalmente en un colectivo especialmente vulnerable”, según concluye.
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