Reclaman a la ministra una oferta económica tras la propuesta de 44 millones que presentó ayer a jueces y fiscales
MADRID, 4 (EUROPA PRESS)
Cientos de funcionarios de la Administración de Justicia se han manifestado este jueves frente al Ministerio que dirige Pilar Llop para reclamar una subida global de 200 millones de euros –hasta unos 430 euros mensuales por funcionario– tras la oferta de 44 millones de euros que presentó ayer para mejorar las retribuciones de jueces y fiscales, al tiempo que han avisado que de no conseguir una oferta económica convocarán una huelga general indefinida.
Los 45.000 funcionarios exigen mejoras retributivas y su participación en la negociación de la Ley de Eficiencia Organizativa; todo ello, en el marco de la huelga con paros parciales y de jornada completa que empezaron el pasado 17 de abril para conseguir una subida salarial “en línea” con la de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), que lograron un incremento de hasta 450 euros al mes.
“Nosotros somos esenciales, sin nosotros no hay Justicia. Eso es lo que tiene que tomar nota la señora Llop, lo que tiene que tomar nota la señora (María Jesús) Montero y lo que tiene que tomar nota (Pedro) Sánchez. Tienen que presentar una oferta económica y negociar con el 93% de la oficina judicial”, indica Javier Jordán, presidente nacional de Justicia de CSIF y miembro del comité de huelga, en declaraciones a la prensa.
Jordán acusa al Ejecutivo de tratarles como “funcionarios de segunda” y considera “inaceptable que esté haciendo una discriminación entre el personal de la oficina”, en referencia a las diferencias entre las negociaciones con el colectivo de LAJ y el de jueces y fiscales. En este sentido, afea a la ministra Llop que se acercase ayer a la negociación de la Mesa de Retribuciones con la carrera judicial y fiscal y que aún no haya acudido a una reunión con los funcionarios.
En concreto, la oferta del Ministerio a jueces y fiscales de 44 millones de euros afectaría a los casi 8.000 miembros de la carrera. Según las fuentes presentes en la negociación de ayer, consultadas por Europa Press, dicha propuesta es de momento insuficiente, porque esta cifra representaría solventar en un 6% la pérdida del poder adquisitivo de jueces y fiscales, cuando las asociaciones han denunciado ya que la pérdida de ambas carreras ha sido cercana al 20%.
El importe ofrecido a jueces y fiscales representa casi el doble de los 22,7 millones de euros que consiguieron los 4.000 Letrados de la Administración de Justicia tras dos meses de huelga, pero se queda por debajo de los 200 millones de euros que reclaman los casi 45.000 funcionarios.
Los sindicatos precisan que sus reivindicaciones incluyen una petición para incrementar el complemento general del puesto, de aplicación para todos los cuerpos generales y especiales y para todos los ámbitos territoriales (transferidos y no transferidos) en 430 euros mensuales para Médicos Forenses y Facultativos del INTyCF (cantidad acordada con las asociaciones de LAJ al ser también cuerpos del grupo A1); en 400 euros para Gestión y Técnicos Especialistas de Laboratorio (Grupo A2); en 375 euros para Tramitación y Ayudantes de Laboratorio (Grupo C1) y en 350 euros para el cuerpo de Auxilio Judicial (Grupo C2).
“GOBIERNO PROGRESISTA, JUSTICIA CLASISTA”
Este jueves, ataviados con indumentaria propia de la Feria de Sevilla, en referencia al viaje que hizo la ministra el pasado abril durante el inicio del conflicto, los funcionarios se han congregado de nuevo –ya lo hicieron el pasado 12 de abril– en el número 45 de la calle de San Bernardo, en el centro de Madrid, al grito de “Gobierno progresista, Justicia clasista” y “Si no hay negociación, ministra dimisión”.
La manifestación ha empezado con sensaciones enfrentadas entre funcionarios. Mientras unos han evidenciado su malestar tras la oferta que el Ministerio presentó ayer a jueces y fiscales tras la primera reunión de la Mesa de Retribuciones, otros han querido ver el vaso medio lleno al considerar que dicha propuesta demuestra que el Gobierno está “abierto a negociar”.
“Sería una buena noticia que se llegara a una solución con los jueces y sería una excelente noticia que con los sindicatos de los trabajadores se llegara a una solución del conflicto”, indica Antonio Lozano, de UGT, al tiempo que recalca que “sería un error grandísimo” no escuchar al 93% de la Administración de Justicia, en referencia a los funcionarios.
“INCREMENTAR LA PRESIÓN”
Los sindicatos convocantes –CSIF, STAJ, CCOO y UGT– aseguran que la “posición” del Ministerio de Justicia, de negar en un principio “cualquier subida” retributiva, ha provocado la “indignación del colectivo” y un “profundo malestar” que les ha llevado a “incrementar la presión con nuevas convocatorias de huelga”, esta vez de jornada completa, los días 4, 9, 10, 11, 16, 17 y 18 de mayo.
Según los datos de los sindicatos, la huelga general de este jueves ha contado con un seguimiento del 90%. Al hilo, los funcionarios avisan de que no descartan una huelga general indefinida si el Ministerio “continúa sin atender sus reivindicaciones”.
Entre sus reivindicaciones, los convocantes critican a Justicia que quiera “imponer, sin negociar, la Ley de Eficiencia Organizativa, poniendo en riesgo los puestos de trabajo, los destinos, la movilidad voluntaria, las retribuciones especiales y las funciones concretas”. Por ello, José Luis Fernández, de STAJ, incide en que desde los sindicatos reclaman que los 45.000 funcionarios participen en la tramitación de dicha ley.
A su vez, piden al Ministerio que convoque “de forma inmediata” al comité de huelga para intentar una salida negociada al conflicto, “lo que no ha hecho desde el pasado día 24 de abril, a pesar de las huelgas convocadas”.
“Esperamos que de inmediato nos convoque la ministra de Justicia también a nosotros. Nadie puede entender que cuando la Justicia se trabaja en equipo en los tribunales solo a una pequeña parte del colectivo, a la más privilegiada, se le reconozca y se le retribuya por ello”, señala Luis Calero, de CCOO.
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