VALLADOLID, 3 (EUROPA PRESS)
El sindicato CCOO en Castilla y León ha presentado un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) que afectará, durante el resto del año 2023, a 54 personas y supondrá una reducción de la jornada laboral de entre un 50 y un 60 por ciento, estando pendiente de negociación.
Esta medida se combinará con la reordenación de la planificación del sistema laboral de forma temporal y parcial con carácter coyuntural.Esta decisión, tal y como explica CCOO a través de un comunicado recogido por Europa Press, “es consecuencia de la ilegalidad de las políticas que aplica Vox. La extrema derecha tiene en su ideario eliminar el papel constitucional y legal de los sindicatos más representativos”.
Pese a ello, la afiliación de los mismos en Castilla y León ha crecido en los últimos años así como el número de delegados y delegadas, elegidos democráticamente en los procesos electorales en las empresas, situándose en el 78% de la representación total.
Para CCOO, el único interés que mueve a la extrema derecha en el Gobierno Autonómico es “desgastar a los sindicatos y a las organizaciones de la sociedad civil organizada para erosionar la democracia”.
Las consecuencias de las medidas de la Junta de Castilla y León, continúa el sindicato liderado por Vicente Andrés, también ha propiciado la supresión de varios servicios como el de prevención de riesgos laborales, el servicio de atención a migrantes, el servicio de orientación a personas desempleadas o la formación profesional para personas ocupadas.
Los beneficiarios de estos programas, apunta CCOO, son los grandes perjudicados así como los trabajadores que los ejecutaban por la eliminación de dichos programas, que no han sido suplidos desde la Administración Autonómica y ha supuesto que no se convoque al menos 26 programas públicos de políticas laborales por un valor mínimo de 42 millones de euros en 2022, porque no se han ejecutado.
A pesar de todo, la actividad sindical sigue activa y CCOO asegura que seguirá atendiendo a su afiliación recordando que se financia con las cuotas de dicha afiliación.
“La política ilegal de la parte minoritaria del Ejecutivo Autonómico ha propiciado incluso que el Gobierno de España tuviera que intervenir presentando un requerimiento a la Junta de Castilla y León instándole a que no eliminase el SERLA, como era su pretensión, después de suprimir la financiación de este servicio en el Presupuesto de la Junta de Castilla y León para 2023”, critica CCOO.
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