ALMONTE (HUELVA), 3 (EUROPA PRESS)
La Junta de Personal de Atención Primaria se ha concentrado este miércoles en Almonte (Huelva) para denunciar una agresión verbal y física a una trabajadora en el centro de salud de la localidad onubense y ha solicitado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) medidas “urgentes” para “garantizar” la seguridad de los trabajadores sanitarios.
Así lo ha indicado el sindicato Csif en una nota de prensa, en la que ha recordado que la violencia en el ámbito laboral es “inaceptable y no puede tolerarse bajo ningún concepto”. “Los trabajadores tienen derecho a desempeñar sus labores en un entorno seguro y libre de violencia y agresiones”, han subrayado.
Para ello, Csif ha insistido en “la necesidad” de que haya vigilante de seguridad en los centros, por lo que exige al SAS “que se tomen las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los trabajadores de los centros de salud”, toda vez que ha hecho público que lleva “meses esperando una reunión con la delegada de Salud, Manuela María Caro López, para tratar este asunto de las agresiones y otros asuntos relevantes en materia de Sanidad sin obtener respuesta”.
El responsable del sector de Sanidad de Csif Huelva, César Cercadillo, ha lamentado las 1.494 agresiones a profesionales del SAS registradas en 2022 y ha tachado esta cifra de “escalofriante”, al tiempo que ha manifestado “que no se pueden normalizar bajo ningún concepto este tipo de conductas que desgraciadamente sufren los trabajadores de la sanidad pública”.
“En este sentido, volvemos a la casilla de salida, a una cifra similar a la que teníamos en 2019 (1.524), con lo que una vez más ponemos el grito en el cielo porque además hay muchas agresiones todos los días que no se comunican al centro por la normalización de dichas conductas”, ha argumentado.
El responsable sindical ha destacado especialmente que el 36,4% de las agresiones a profesionales del SAS durante 2022, es decir, un total de 544, “han tenido que ver con demandas de la personas usuaria, como por ejemplo demandar atención fuera de cita programada, demandar atención para un familiar o exigir un tratamiento distinto del prescrito por el facultativo”.
En esta línea, ha subrayado que desde CSIF Sanidad entienden que “hay muchas formas de manifestar el desacuerdo, pero nunca la violencia”, al tiempo que ha insistido en la petición previa a la pandemia del sindicato, “y de la que aún se ha recibido contestación por parte de la Consejería de Salud y Familias de la Junta” para incluir un régimen sancionador en la Ley de Salud Pública de Andalucía. “Entendemos que la Administración debe incoar un expediente administrativo e imponer sanciones administrativas adecuadas”, ha señalado.
Cercadillo ha recordado además que “la Administración Pública tiene el deber básico de proteger el interés público o general y de esta obligación nace ineludiblemente su potestad sancionadora”, señalando que “la Ley de Salud de Andalucía ordena los servicios y actuaciones de asistencia sanitaria pública y privada en Andalucía, articula el respeto y el cumplimiento de los derechos y obligaciones respecto a los servicios sanitarios y también recoge este régimen sancionador, que pedimos se desarrolle”.
“Las agresiones físicas y psíquicas que sufrimos diariamente todos los empleados y empleadas públicas, hace necesario una adecuación urgente que actúe como medida disuasoria frente a conductas reprobables e intolerables. Nada justifica el uso de la violencia hacia un profesional de la sanidad”, ha concluido.
Por último, desde CSIF han transmitido todo su “apoyo y solidaridad” a la trabajadora agredida, “así como a sus compañeros de trabajo”, al tiempo que han subrayado que el sindicado “seguirá trabajando para garantizar que los trabajadores de la sanidad pública puedan desempeñar sus labores en un entorno seguro y sin violencia”.
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