MADRID, 28 (EUROPA PRESS)
El relator especial de Naciones Unidas para los DDHH en Birmania, Thomas Andrews, y la ONG humanitaria Human Rights Watch (HRW) han pedido al Gobierno japonés que impongan sanciones y suspendan la ayuda no humanitaria a Birmania como gestos para despejar de una vez, en palabras del experto de la ONU, la “confusión” que suscita la postura de Tokio sobre el régimen militar que tomó el poder por la fuerza el 1 de febrero de 2021.
Si bien Andrews, al término de su visita a Japón, aplaudió las numerosas formas en las que el Gobierno japonés ha auxiliado al pueblo birmano desde el golpe militar a través por ejemplo de programas de ayuda humanitaria y de integración a la población birmana refugiada del conflicto, “todavía puede y debe hacer más” en forma de la “imposición de sanciones”.
“Pido a Japón que considere la posibilidad de unirse al resto de países del G7 en la imposición de sanciones específicas contra la junta militar birmana y su principales fuentes de ingresos, como ha hecho con la crisis en Ucrania”, ha manifestado Andrews durante la cena de corresponsales extranjeros de este pasado jueves, donde ha dado por concluida su visita.
Según la Asociación de Atención a los Presos Políticos (AAPP), a fecha del 12 de abril, tras el golpe de Estado de febrero de 2021, ha habido un total de 21.348 detenciones, de las cuales 17.460 personas se encuentran todavía recluidas, y más de 3.200 personas han fallecido víctimas de la represión.
El Gobierno de Unidad Nacional, las autoridades democráticas birmanas en el exilio, ha indicado que el Ejército de Birmania ha cometido más de 30 masacres de civiles en todo el país desde la toma de poder por parte del Ejército, mientras que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, denunció a principios de marzo la “impunidad” con la que actúa desde hace dos años la junta militar birmana, a la que acusó de crear una crisis política y humanitaria “perpetua”.
Por todo ello, al mismo tiempo, ha pedido a las autoridades japonesas que manifiesten de forma clara e inequívoca su rechazo a los planes de la junta militar para celebrar elecciones en el país; comicios que, avisó el experto, en modo alguno responderían a los estándares mínimos democráticos y se tratarían en realidad de una farsa para consolidarse en el poder.
El relator de la ONU ha señalado directamente a la oficina del enviado especial de Japón para la crisis de Birmania por realizar “declaraciones de apoyo a estas fraudulentas elecciones” lo que ha “creado confusión sobre la política de Japón”.
“Es esencial que el Gobierno japonés y quienes forman parte de él mantengan una postura clara y consistente de rechazo frente a las así llamadas ‘elecciones’ que prepara la junta”, ha manifestado, “porque es imposible realizar elecciones de verdad cuando los líderes de la oposición son arrestados, detenidos, torturados y ejecutados; cuando partidos políticos son disueltos; cuando criticar a la junta es ilegal; y cuando los periodistas son encarcelados por hacer su trabajo”, ha lamentado.
El relator, en este sentido, ha destacado que la próxima cumbre del G7 que se celebrará en junio en la ciudad de Hiroshima sirva para que el primer ministro del país, Fumio Kishida abandere una respuesta internacional “con vistas a una acción firme y unida contra la junta militar de Birmania”.
HRW CRITICA EL “DOBLE JUEGO” DE JAPÓN Y PIDE LA SUSPENSIÓN PARCIAL DE AYUDA
Estas declaraciones resuenan en las críticas formuladas durante los últimos meses por HRW, que ya en diciembre de 2021 criticó el “doble juego” diplomático exhibido por Japón — que en mayo de ese año, solo cuatro meses después del golpe aceptó, según informaciones de la ONG, cinco diplomáticos designados por la junta — y que esta semana ha exigido a Tokio que cese la ayuda no humanitaria tras constatar que la junta militar birmana empleó barcos civiles financiados por Japón con para transportar armas y militares.
El Ministerio de Exteriores japonés admitió que la propia junta militar birmana empleó estos barcos con un propósito militar al transportar en septiembre del año pasado armas y soldados al estado de Rajine, para combatir contra las guerrillas rebeldes de Arakan, en tres barcos entregados por Japón entre 2017 y 2019.
“Las atroces y continuas violaciones de los derechos por parte de la junta de Birmania deberían ser razón suficiente para que el Gobierno japonés rechace las vacías promesas de la junta de acatar el derecho Internacional”, según HRW.
“Una respuesta tibia solo envalentonará a la junta a expensas de la reputación de Japón, incluso entre el pueblo birmano, a quien el Gobierno japonés busca ayudar. En cambio, Japón debería suspender la ayuda no humanitaria a Birmania e imponer sanciones específicas a los líderes militares y los conglomerados de propiedad militar”, concluye la ONG.
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