El juicio se celebra el próximo martes, 2 de mayo, y el acusado se expone a una condena de tres años y medio de cárcel
VALLADOLID, 27 (EUROPA PRESS)
La Audiencia de Valladolid sentará el día 2 de mayo en el banquillo a Josué S.J, un multicondenado por delitos de estafa que en esta ocasión será juzgado por fingir pertenecer a una empresa de reformas y cobrar cerca de 10.000 euros por unos trabajos que finalmente no ejecutó en una vivienda de Medina del Campo.
El acusado, según el escrito de calificación del fiscal, se expone a una condena de tres años y medio de cárcel por delito de estafa, multa de 1.620 euros y el pago de una indemnización en favor de la víctima por importe de 9.800 euros, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
La particularidad del caso es que el inquilino del banquillo es ya un veterano de este tipo de modalidad delictiva, como demuestra la quincena de condenas por estafa, la mayoría en Euskadi, que le han reportado condenas que globalmente suman cerca de veinticuatro años de cárcel.
En esta ocasión Josué S.J. responderá por hechos que se remontan a agosto de 2019 cuando la víctima contactó con él a través del portal de internet Habitissimo a fin de realizar una obra de reforma integral en una vivienda situada en la calle Las Farolas de Medina del Campo.
Según la acusación pública, el acusado asumió una identidad falsa y fingió actuar en nombre de una empresa de reformas, situada en Zamora capital, con la que en realidad no tenía vinculación alguna.
Así, acordó con el cliente que llevaría a cabo los trabajos por un precio de 25.000 euros y le remitió un presupuesto por correo electrónico en fecha de 9 de agosto de 2019, tras lo cual la víctima le entregó en varios pagos la cantidad total de 10.800 euros en efectivo.
Se personaron durante cuatro días algunos trabajadores y comenzaron la obra, si bien los trabajos quedaron a partir de entonces interrumpidos, y ello a pesar de las continuas llamadas del propietario de la vivienda y la promesa de Josué de que se reiniciarían los trabajos el 20 de septiembre de ese año.
El dueño del piso se enteró entonces de que no había vinculación laboral entre el acusado y la empresa de reformas para la que había dicho que trabajaba y quiso resolver el contrato, si bien sólo logró que el presunto estafador el devolviera 1.000 euros.
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