VALLADOLID, 27 (EUROPA PRESS)
El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves el anteproyecto de Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León, un texto que pretende sustituir a la Ley 12/2002, y que entre sus novedades profundiza en el capítulo de sanciones para la protección del patrimonio, con multas graves de hasta 600.000 euros, y se articula desde la concepción del patrimonio como “recurso” sin “dejar de ser legado”.
El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, ha presentado en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno este nuevo texto legal ante la “insuficiencia” de las normas y la necesidad de contar con un sistema de sanciones “que lo avale, sostenga y refrende”. Para su elaboración, han contado con la participación de todos los agentes implicados, desde los propietarios, a los agentes sociales y las administraciones públicas.
Esta nueva regulación contempla un concepto “más amplio y complejo” del patrimonio al recoger los bienes con valores tangibles e intangibles, en relación directa con las sociedades que los crean y los conservan en su territorio.
“Yo creo que aquí en Castilla y León pues hay restauradores maravillosos, investigadores estupendos, conservadores imbatibles, pero fallábamos en la gestión y este es un concepto capital”, ha apuntado a continuación Santonja, a la par que ha añadido que la gestión reúne cuatro conceptos: el de investigación, el de protección, el de conservación y el de difusión.
Así, ha señalado que han creado la gestión de carácter sistémico “contando con las asociaciones y con las entidades implicadas”, algo que contribuye “de manera más eficaz a su protección y conservación, así como a su transmisión a las generaciones futuras”.
Para ello, pretende regular el papel de los agentes implicados en la gestión del patrimonio cultural desde la “corresponsabilidad y la incentivación de la cooperación, tanto la concertación institucional como la colaboración público-privada”.
En este sentido, en la Ley se establecen las medidas, ayudas y subvenciones para los propietarios, poseedores y gestores de los bienes, a la vez que se formulan actividades de voluntariado y la participación empresarial en la gestión del patrimonio cultural.
Santonja ha detallado, así, que el texto legal del anteproyecto se estructura en un título preliminar y seis títulos, desarrollados en 87 artículos, además de 13 disposiciones adicionales, 6 disposiciones transitorias, 1 disposición derogatoria y 4 disposiciones finales.
NOVEDADES
El consejero ha profundizado en una de las últimas disposiciones transitorias de la ley que “cambia radicalmente” el histórico 1 por ciento cultural –ahora 1,5 por ciento cultural–. Esta medida de la década de los 90 tiene “inconvenientes”, según Santonja, como que “no es una cantidad fija” lo que impide “hacer una política razonable”.
Como alternativa, ha apuntado que la Junta desde este ejercicio pasado incrementa anualmente en cuatro millones euros que, al paso de cinco años, son 20 millones que quedan “fijos” en el presupuesto.
Por otro lado, la ley mantiene la categoría de los Bienes de Interés Cultural (BIC) y añade dos nuevas figuras, la de los conjuntos industriales y la de los paisajes culturales. Se mantiene, asimismo, la figura de los Bienes Inventariados, para los que se prevé una protección preferentemente seriada.
Además, los BIC podrán contar con una zona de amortiguamiento, adyacente o no, para la protección adicional de sus valores, de acuerdo con el modelo internacional emanado de la UNESCO. El consejero ha puesto como ejemplo que con esta nueva ley no se podrá instalar un parque eólico delante de un BIC.
El nuevo texto también incluye la creación del Censo del Patrimonio Cultural de Castilla y León para la gestión de los bienes, como registro único de acceso público que dará “mayor seguridad jurídica y facilitará la participación a los ciudadano”.
En esta clave, la consideración del patrimonio cultural como factor de cohesión social, de desarrollo territorial y como recurso económico supone establecer nuevas figuras de gestión, como son los Sistemas de Patrimonio Cultural que se constituyen como una “fórmula de gestión sostenible de un conjunto de bienes culturales”, inscritos en el Censo del Patrimonio Cultural de Castilla y León, asociados por temática o vinculados a un espacio físico.
En coherencia con el carácter participativo y de corresponsabilidad que prevé la presente Ley, ha apuntado, los bienes inmuebles, incluidos por los ayuntamientos en catálogos de instrumentos de planeamiento urbanístico con grado de protección integral o equivalente, tendrán la condición de bien inventariado.
La Ley incluye también un capítulo dedicado especialmente a los agentes sociales y gestores de los bienes del Patrimonio Mundial de la UNESCO, en el que se regula la competencia de la Junta de Castilla y León y se detalla el papel que tiene la Comunidad en este reconocimiento.
SANCIONES
Por último, para reforzar la protección de los bienes culturales, se ha realizado una revisión del régimen de infracciones y sanciones, con multas de hasta los 600.000 euros en el caso de las multas graves, ha detallado Santona, que dice que la ley es “muy clara” en este sentido.
La competencia para la imposición de las acciones corresponde a la sancionadora: a los titulares de las delegaciones territoriales de la Junta de Castilla y León, las multas leves de hasta 10.000 euros; al titular del órgano directivo central competente en materia de patrimonio cultural, las multas entre 10.001 hasta 200.000 euros y al titular de la Consejería las multas de 200 a 600.000 euros.
Otra novedad en este ámbito ha sido clarificar los deberes que ciudadanos y administraciones tienen en relación con los bienes patrimoniales. Así, se ha recogido en artículos concretos de la Ley las obligaciones que la norma anterior recogía de forma dispersa a lo largo de su articulado.
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