MADRID, 27 (SERVIMEDIA)
El Pleno del Congreso de los Diputados aprobará este jueves la Ley de Vivienda y la remitirá al Senado para su definitiva aprobación, que se prevé antes de las elecciones autonómicas y municipales del próximo 28 de mayo.
La mayoría está asegurada después del acuerdo alcanzado entre PSOE, Unidas Podemos, ERC y EH Bildu el pasado 14 de abril, tras más de un año atascada en el trámite parlamentario desde su aprobación en Consejo de Ministros por la falta de acuerdo para regular los alquileres, entre otras cuestiones. PP, Vox, Ciudadanos, PNV, Junts, PDeCat, Coalición Canaria y la CUP votarán en contra. El BNG se abstendrá.
La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, defendió la norma como un “punto de no retorno” que busca “reorientar” la política de vivienda desarrollada en España y destacó que se trata es un “hito en la historia de la democracia” que viene a “consolidar el quinto pilar del Estado del bienestar”. Para la ministra, la norma “respeta el marco competencial” y es “sólida jurídicamente”.
La ministra reconoció que el trámite definitivo de la ley se ha producido tras “laboriosas negociaciones” sobre las más de 800 enmiendas que se presentaron y que han resultado en una ley “ambiciosa”.
El diputado del PSOE José Luis Ramos equiparó la aprobación de esta ley con la aprobación de la Ley de Salud en 1986 y la Ley de Dependencia en el año 2006. Afirmó que, con la norma, se contrastan “dos modelos del estado del bienestar” y dos concepciones de la vivienda. Al PP le reprochó no querer “regular el derecho a la vivienda” porque no considerarlo un derecho. “Los derechos no se miden en términos de rentabilidad, sino que se cumplen”, dijo.
Por su parte, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, subrayó que se trata de un “avance social sin precedentes” y destacó que era “fundamental” incluir la regulación de los precios de los alquileres porque “durante mucho tiempo ha imperado la ley del más fuerte”.
La secretaria general de Podemos destacó cuestiones como la mayor protección a los inquilinos vulnerables en riesgo de desahucio, la posibilidad de realizar recargos del IBI a viviendas vacías o el aumento del porcentaje destinado a vivienda social en nuevas promociones.
“Hoy pierde la banca, los fondos buitres y ganan la gente, los inquilinos y quienes tienen una hipoteca. Hoy no termina nada”, señaló, asegurando que ahora se asegurará de que “se cumpla hasta la última coma” del texto “en todo el territorio”.
En la bancada de la oposición, la diputada del PP Ana Zurita subrayó su “no rotundo a esta ley, que “no convence a nadie” y “no va a resolver” los problemas de acceso a la vivienda de las personas vulnerables y jóvenes. “¿Creen que esta ley soluciona los problemas de los españoles o los problemas del Gobierno?”, preguntó.
Asimismo, criticó el “daño” que se realizará a personas que “han invertido sus ahorros en una vivienda”, pues “hurtarán sus derechos” con un “robo a mano armada”. La diputada popular señaló que esta ley “sólo favorece a los okupas”. “El derecho a la propiedad no puede ser vulnerado por una aplicación tendenciosa de la función social de la vivienda”, subrayó. Además, anticipó que muchas cuestiones de la ley van a “caer” con los recursos de inconstitucionalidad de las comunidades autónomas y criticó la “negligencia” del Ejecutivo por no haber construido viviendas en cinco años.
El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, señaló que la norma es “tremendamente contraproducente” y provocará un “desplome” de la oferta, precios “disparados”, la “consolidación” del mercado negro y el “deterioro” de la inseguridad jurídica. Señaló que la norma supone la “consolidación” de EH Bildu como “socio preferente en la dirección del Estado” y calificó a ERC de “pagafantas” por asumir la invasión de competencias de la norma.
Asimismo, indicó que la “desprotección” de los arrendadores” provocará “castings aún más exigentes para los inquilinos”, lo que perjudicará a las personas más vulnerables. Para Espinosa de los Monteros, la norma “bendice” y “blinda la okupación” al tiempo que supone un “ataque feroz” a la propiedad privada.
La portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, señaló que la Ley de Vivienda es una “medida populista y totalmente improvisada” que “no solo soluciona un problema, sino que lo agrava” y apuntó que no se trata de una ley “sino de un anuncio electoral vacío”. Para la diputada, la norma generará reducción de oferta de alquileres, inseguridad jurídica y beneficiará a los ‘okupas’.
PELEAS EN EL INDEPENDENTISMO
El debate de la norma se convirtió para los partidos nacionalistas e independentistas en un conjunto de reproches entre sí con las elecciones autonómicas y municipales a menos de un mes.
El portavoz de EH Bildu, Oskar Matute, destacó que la norma es un paso “corto”, pero “necesario”, porque “la alternativa es la desregulación de los mercados”. También apuntó al PNV al señalar que “hay quien se empeña en hablar de las competencia y no entra en el problema ideológico de fondo de si la vivienda es un derecho o un bien de mercado”.
Asimismo, la diputada de ERC Pilar Vallugera recordó la norma catalana suspendida por el TC y reclamó que hay que elegir entre “intervenir” el mercado de rentas de alquiler o mantener una “posición de no intervención” con “la excusa de las competencias”. “Ni PDeCat ni Junts apoyan parar los desahucios ni la contención de rentas”, dijo.
Por el contrario, el diputado del PNV Íñigo Barandiaran señaló que el objetivo de esta ley es “interferir las capacidades de las comunidades autónomas en producir sus propias políticas en materia de vivienda”. Subrayó que “lo más llamativo” de la norma, que va a provocar una de las “invasiones” competenciales “más fuertes que se recuerdan”, es que va a contar con el apoyo de partidos de una “supuesta conciencia soberanista”.
Además, el diputado del PDeCat Ferran Bel anunció el voto negativo de su grupo a la norma tras relatar una serie de artículos que, a su juicio, invaden competencias autonómicas como los fines de las políticas de vivienda o las condiciones para declarar una zona como tensionada. “Es un estado de las autonomías que ustedes respetan”, señaló. En la misma línea, la diputada de Junts Mariona Illamola indicó que las competencias eran una “línea roja” par su formación y subrayó que la contención de precios puede ser “una medida adecuada en algunos momentos”, pero no una “solución estructural”.
Asimismo, la diputada de la CUP, Mireia Vehí, dijo que la ley es un “caballo de Troya” del PSOE que “no corrige” el “acaparamiento” de pisos de los grandes tenedores y “no regula de forma efectiva los alquileres. “Esta ley envía un mensaje de derrota”, dijo la diputada, que anunció que volverán a presentar en el Parlament la norma catalana anulada por el Tribunal Constitucional.
FORMACIONES MINORITARIAS
La diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, anunció su voto en contra a una norma que calificó como un “disparate”, señalando que, en Canarias, provocará que “toda la gente va a sacar la vivienda del mercado residencia” para ponerla en el mercado de alquiler turístico.
Por su parte, el diputado del BNG, Néstor Rego, confirmó la abstención de los nacionalistas gallegos, señalando que la ley presenta “algunos avances” respecto al texto que salió del Consejo de Ministros pero “se queda corta” en algunos aspectos y “se excede” en sus competencias.
Por otro lado, el portavoz de Más País, Íñigo Errejón, dijo que esta ley es un “primer paso” a la que le faltan cuestiones como el control de los alquileres temporales y los pisos turísticos y subrayó que la norma “hay que aprobarla dos veces”, una en el Congreso y otra el 28-M, “comunidad a comunidad y ayuntamiento a ayuntamiento”.
Por contra, el exdiputado de UPN, Carlos García Adanero, subrayó que con esta norma “la ocupación va a pasar a ser un derecho; la propiedad privada, una anécdota y el alquiler, una operación de riesgo” y criticó que ERC y EH Bildu hayan pasado por alto el “ataque frontal” a las competencias autonómicas.
Por último, el diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, indicó que la norma recoge “algunos” de sus criterios y reclamó que hace falta más vivienda pública en el medio rural ya que “hay muchas casas cerradas” en los pueblos, donde en algunos “entre el 10% y el 15%” de los edificios están “en ruinas”.
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