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El gobierno estadounidense ha interpuesto una demanda contra el estado de Tennessee debido a la ley que impide que los menores trans reciban tratamientos médicos

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MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha presentado una demanda contra el estado de Tennessee por considerar inconstitucional la ley que prohíbe ofrecer tratamiento de cambio de sexo para menores de edad.

Las autoridades federales han alegado que se trata de una medida que viola la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que garantiza la protección igualitaria y han señalado que la normativa “es discriminatoria” al “negar los cuidados básicos a los menores de Tennessee basándose únicamente en quiénes son”.

Por ello, han pedido a los tribunales bloquear de forma inmediata la ley, que entraría en vigor el próximo 1 de julio, según un comunicado del Departamento de Justicia del país norteamericano.

Esta normativa ilegaliza la posibilidad de ofrecer o aplicar tratamientos de afirmación de género a aquellos menores a los que se les ha diagnosticado con disforia. “Al negar ese tratamiento únicamente a menores transexuales se está violando los derechos de parte de la población más vulnerable”, ha lamentado el Departamento de Justicia.

El gobernador del estado, Bill Lee, ha asegurado por su parte que Tennessee está “comprometido con la protección de los menores ante decisión permanentes” y amenazan con trabajar con la Fiscalía del estado para “defender a los menores”, según informaciones de la cadena de televisión CNN.

El proyecto de ley, que ya fue promulgado por Lee, prohíbe a los proveedores de atención sanitaria “realizar o administrar tratamientos médicos con el propósito de permitir que un menor se identifique con una supuesta identidad inconsistente con su sexo asignado al nacer”.

Así, especifica que los menores que reciban este tipo de tratamientos no pueden ser considerados “responsables”, por lo que se podrían presentar demandas contra sus progenitores si estos “consintieron”. La normativa incluye multas de hasta 25.000 dólares (unos 22.600 euros) para aquellos sanitarios uqe ofrezcan este tipo de servicios.


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