MADRID, 27 (EUROPA PRESS)
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz tomará declaración este jueves como investigado al propietario de Ambulancias Egara, Óscar Simón, en el marco de la investigación que se sigue por presuntas adjudicaciones irregulares de contratos a su empresa por parte de la Generalitat de Cataluña, una derivada del conocido como ‘caso 3%’.
Fue el pasado mes de marzo cuando el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5, Santiago Pedraz, acordó la citación de Simón. Está previsto que el instructor también interrogue este jueves a partir de las 10.00 horas a los empresarios Juan Alberto Arqués, Fermí Ferrán y Alejandro García-Gascón.
Inicialmente el magistrado citó a declarar este miércoles al empresario y exdirigente de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) David Madí, a José Ramón y Manuel Castarlenas, de la consultora RCM, y a la empresaria María José Cordovilla. No obstante, finalmente acordó aplazar al próximo 3 de mayo estas diligencias.
La decisión de Pedraz de imputar a todos ellos atendía a la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que interesó esas imputaciones apoyándose en el atestado policial que obra en la causa y en las entradas y registros acordados con anterioridad en la sede de la empresa sanitaria.
Según pudo confirmar en fuentes jurídicas Europa Press, el magistrado acordó la entrada y registro el pasado 2 de marzo en la sede de Ambulancias Egara en Terrassa, en las dependencias de una unión temporal de empresas (UTE) en Lleida, y en una consultora de Barcelona, para localizar documentación sobre esas presuntas adjudicaciones irregulares del servicio de transporte de pacientes cuando estaba al frente del Govern CDC.
Las pesquisas se centran en hallar indicios relativos a la adjudicación de tres lotes del concurso sanitario de Cataluña en 2015 a una UTE de la que participaba Ambulancias Egara.
Se da la circunstancia de que Madí ya fue condenado en octubre de 2022 en el marco del ‘caso Triacom’ por el Juzgado Penal 23 de Barcelona a 14 meses de prisión y una multa de 219.750 euros tras el juicio contra él y otros siete acusados por una trama de facturas falsas en 2011 en la que participó como cooperador necesario para defraudar a Hacienda.
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