La condena se puede sustituir por 10 años de expulsión una vez cumplidos dos tercios de la pena al ser marroquí
GIJÓN, 26 (EUROPA PRESS)
La Fiscalía de Área de Gijón solicita 9 años de prisión, a sustituir por 10 años de expulsión del territorio nacional una vez cumplidos dos tercios de la pena, para un procesado, de nacionalidad marroquí, nacido en 2001, por intentar asesinar a un hombre en una vivienda de Gijón el pasado mes de julio. La vista oral está señalada para este jueves, 27 de abril, en la Sección Octava de la Audiencia Provincial, con sede en Gijón, a las 10.00 horas.
El Ministerio Fiscal sostiene que, sobre las 13.50 horas del 28 de julio de 2022, el procesado en situación irregular en España, acudió a un domicilio de la calle Donato Argüelles de Gijón, que solía frecuentar, y tras mantener una breve conversación con la víctima nacida en 1952, se dirigió a la cocina, cogió un cuchillo, volvió a la habitación en la que se encontraba la víctima y, sin mediar palabra, aprovechando que el hombre se encontraba sentado, desprevenido e inerme, con la intención de quitarle la vida, le asestó un golpe en el cuello con el cuchillo, que se rompió.
En ese momento, alertados por los gritos, entraron en la habitación dos convivientes del domicilio, que consiguieron reducir al procesado lanzándole contra la cama cuando se encontraba agrediendole en el cuello con un trozo de plato de loza. No obstante, el procesado consiguió rehacerse y cogió otro cuchillo, con el que trató de apuñalarle en el estómago, siendo finalmente inmovilizado.
El agredido sufrió lesiones varias lesiones. Como secuelas le quedaron varias cicatrices. El procesado se encuentra en prisión provisional desde el 29 de julio de 2022.
La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de asesinato en grado de tentativa de los artículos 139.1ª, 16 y 62 del Código Penal, y solicita que se condene al procesado a la pena de 9 años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, a sustituir -conforme al art. 89.1 y 2 CP- por la expulsión del territorio nacional por 10 años, una vez cumplidos dos tercios de la pena.
En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que el procesado indemnice a la víctima con 920 euros por las lesiones y con 1.000 euros por las secuelas, y al Servicio de Salud del Principado de Asturias con la cantidad que acredite por los gastos de la asistencia prestada, todo ello más los intereses legales correspondientes.
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