MADRID, 26 (EUROPA PRESS)
La Unión Profesional ha celebrado este miércoles su Asamblea General Extraordinaria, donde se ha reelegido como presidenta, con mayoría absoluta, a Victoria Ortega, también presidenta del Consejo General de la Abogacía, según ha informado en un comunicado.
Tras su reelección, Ortega ha señalado que es “un momento ilusionante en un contexto de incertidumbre”, que exige “responsabilidad”.
“Son muchos los retos que tenemos por delante. Los abordaremos con imaginación, perseverancia y rigor en sintonía con el compromiso que demanda de nosotros la sociedad”, ha añadido.
Estas son las décimas elecciones a la presidencia de esta entidad estatal que agrupa a 34 Consejos Generales y Colegios Estatales, en los que están representados los sectores jurídico, sanitario, científico, social, económico, docente, arquitectura e ingeniería.
Además, en estas elecciones también se ha validado una nueva Comisión Ejecutiva para los próximos cinco años.
Además de la Presidencia, esta Comisión contará con cinco vicepresidencias ocupadas por el presidente del Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial, José Antonio Galdón; el presidente del Colegio de Geólogos, Manuel Regueiro; el presidente del Consejo General de Arquitectos Técnicos, Alfredo Sanz Corma; el presidente del Consejo General de Colegios de Médicos, Tomás Cobo; y la presidenta del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos, Marta Vall-llossera.
El secretario general será Juan Carlos Estévez, presidente del Consejo General de Procuradores, y los vicesecretarios elegidos son Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos, y Francisco Santolaya, presidente del Consejo General de la Psicología.
La presidenta del Consejo General del Trabajo Social será la tesorera de la Comisión Ejecutiva, y la decana del Colegio de Registradores, María Emilia Adán, la vicetesorera. El presidente del Consejo General de Economistas, Valentí Pich, será el interventor.
Las profesiones colegiadas han refrendado la continuidad del proyecto estructurado en el Plan Estratégico, que inició su trazado en 2018 con la voluntad de trabajar aquellos aspectos comunes y transversales que las unen y que tienen como objetivo garantizar los derechos de la ciudadanía.
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