El juicio ha quedado visto para sentencia después de que la acusación particular y la defensa elevaran también a definitivas sus conclusiones
SANTANDER, 17 (EUROPA PRESS)
La Fiscalía mantiene su petición de ocho años de prisión para cada uno de los seis acusados, de origen colombiano, de obligar a prostituirse en un piso en Santander a una joven compatriota venida a España en septiembre de 2019, que logró escapar unos días después y denunciar los hechos.
Los seis están acusados por parte de la Fiscalía de un delito de trata de seres humanos en concurso con otro de determinación a la prostitución por los que pide esos ocho años de prisión.
Además, para el acusado que pidió a la joven que retirara la denuncia, la Fiscalía mantiene su petición de pena de dos años de prisión al considerarle autor de un delito contra la administración de justicia.
A juicio de la fiscal, en el juicio, celebrado en la Audiencia Provincial y que ha quedado hoy, tras varias sesiones, visto para sentencia, los hechos principales que se enjuician en la casusa han quedado “suficientemente acreditados” por la documentación que forma parte de la causa, por los testigos que han declarado en el juicio y por la propia declaración de la víctima, que ahora tiene la condición de testigo protegido.
Además, considera que todos los acusados tuvieron una “participación activa” en la comisión de estos delitos, y conformaban “una red” en la que cada uno tenía un “un rol claramente definido”.
Así, en el caso que se enjuicia, una de las acusadas ejerció, según la de “captadora”, que era la amiga de la víctima y quien la “engañó” para venir a España convenciéndole de que le conseguiría trabajo en una cafetería o cuidadora de ancianos; otra era la “jefa”, que era quien dirigía todos los pisos que funcionaban como casas de citas y la que explicó a la víctima que tenía que prostituirse para pagar la deuda contraída por traerla a España y la que se encargaba de recaudar semanalmente el dinero y quien llevaba las cuentas de la deuda y otra la “encargada” del piso de Santander donde la víctima ejercía la prostitución.
También, la fiscal mantiene que el resto de acusados –los hijos de la jefa de esta red y la pareja de uno de ellos– también formaban parte del “engranaje” para la comisión de los delitos y tuvieron una participación activa.
La “red” se completaba, según ha explicado la fiscal, con un “enlace” en Colombia, que ya fue detenido por la Policía de ese país.
La Fiscalía ha mantenido que “no consta” que la joven supiera que la joven iba a trabajar en la prostitución y cree que los acusados, en este caso “la captadora”, se aprovechó de la “vulnerabilidad” de la víctima para “engañarla” y traerla a España prometiéndole un trabajo y mejores condiciones de vida.
Ha recordado que la víctima es una chica que, en el momento de los hechos, apenas tenía 19 años; un bebé de pocos meses y su situación económica y sentimental (en su declaración en el juicio relató que su pareja en Colombia la maltrataba).
Según la fiscal, cuando la víctima llegó a España ya se encontraba “metida en la ratonera” y sin recursos para poder salir de ella. A su juicio, ha quedado acreditado que esta no quería prostituirse y se escapó en cuanto tuvo oportunidad.
Además de la pena de cárcel, la Fiscalía pide para los acusados la prohibición de acercarse o comunicar con la joven durante diez años y libertad vigilada tras el cumplimiento de la pena de prisión de cinco años. En concepto de responsabilidad civil, solicita que abonen a la víctima 25.000 euros como indemnización por los daños personales que padeció.
Al igual que la Fiscalía, la acusación particular también ha mantenido las penas que inicialmente había solicitado para cada uno: nueve años de prisión, libertad vigilada de cinco años y prohibición de comunicar y acercarse a ella durante diez años. En concepto de responsabilidad civil, la indemnización solicitada asciende a 30.000 euros.
Además, eleva a tres años de prisión la pena que solicita para el también acusado de un delito contra la administración de justicia.
En la exposición de sus conclusiones, la abogada de la acusación particular, que representa a la denunciante, y en línea similar a lo manifestado por la Fiscalía, también ha considerado “corroborados” los hechos que se enjuician y ha insistido en que todos los acusados erau “una pieza de un puzzle”, todos ellos “colaboraron” en la comisión de los delitos y son “coautores”, cada uno con un papel.
Ha defendido que su representada vino a España “pensando que iba a tener mejores condiciones de vida y lo que se encontró fue un episodio de terror”. Además, ha subrayado que ésta ha mantenido “la misma versión” de los hechos durante todo el proceso, ha sido “clara” y “concisa”.
Por su parte, la defensa considera que en este tipo de causas el “principio probatorio es esencial” y, a su juicio, en éste “no se ha practicado prueba de cargo suficiente” que sirva para “enervar el principio de presunción de inocencia” de sus representados y fundamentar una sentencia condenatoria por delitos “tan graves” como de los que se les acusa.
Ha mantenido que la víctima “miente” y ha presentado una denuncia “incierta” y, en contra de lo mantenido por la acusación particular en, ha aludido a múltiples “contradicciones” que, a su juicio, ha tenido ésta en las diferentes versiones que ha aportado.
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