La consellera Bravo “respeta las decisiones de cada uno”, aunque cree que “parar la justicia no es el camino”
VALÈNCIA, 25 (EUROPA PRESS)
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha señalado que la Mesa de Retribuciones es “el lugar y el momento” en el que hay que “responder” y dar “un cauce de resolución a la voluntad negociadora” entre la administración y los jueces y fiscales.
Así lo ha aseverado García Ortiz, que este martes ha visitado la Oficina de Denuncias de Violencia de Género de València, al ser preguntado por el anuncio de tres asociaciones de jueces y dos de fiscales de convocar una huelga indefinida a partir del próximo 16 de mayo ante la “falta de propuestas concretas” y de “verdadero propósito de negociar” de los ministerios de Justicia y Hacienda para mejorar sus salarios y reducir la carga de trabajo.
Al respecto, ha recordado que hay “una mesa de negociación definida en la que se van a reunir las partes –entiendo que con voluntad negociadora, ha precisado– y en la que participa institucionalmente también la Fiscalía General”. “Y creo que ese es el lugar y el momento en el que debemos responder a la situaciones para que esta voluntad negociadora tenga un cauce de resolución”. ,
En la misma línea, ha considerado que esa mesa es “un marco clarísimo y se celebra porque hay una ley de retribuciones especificas que así lo contempla”.
García Ortiz ha expresado su deseo de que en un futuro “cambié el modelo de investigación penal” en España. “Ojalá demos un salto cualitativo en la investigación de los delitos y ahí sí habrá que afrontar la reforma y las estructuras de las carreras judiciales y fiscal”.
No obstante, ha remarcado que el panorama actual “son unas reivindicaciones y un lugar donde hay un diálogo en el que también participan las instituciones, no solo las asociaciones, en el que se debatirá cuál este marco negociador”, ha insistido.
Por su parte, la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública de la Generalitat Valenciana, Gabriela Bravo, ha expresado su “respeto a las decisiones de cada uno”, aunque ha recordado que ella siempre ha manifestado públicamente que “parar la justicia no es el camino porque estamos prestando un servicio público y, al final, los grandes perjudicados son los ciudadanos”.
Ha abogado por que “se abra una línea de diálogo que, además, tiene que ser muy generosa sobre todo por parte de la administración”. “Hay que sentarse desde el primer momento, hay que dialogar, hay que escuchar porque nosotros, como responsables públicos, tenemos la obligación de evitar estos perjuicios que afectan a la ciudadanía”, ha instado.
Por ello, ha confiado en que en esa Mesa de Retribuciones “sepan escuchar, dialogar y alcanzar acuerdos que satisfagan a las partes, que sean sensatos y redunden en una mejora del funcionamiento de la justicia”.
Bravo ha precisado que desde el año 2003 está “pendiente una reivindicación histórica”, pero existe la obligación de sentarse y buscar soluciones, ha insistido.
PAROS FUNCIONARIOS
Por otra parte, Braco se ha referido a los paros de los funcionarios que, “aunque con menos incidencia en la Comunitat Valenciana”, también afectan a este territorio.
Sobre esta cuestión ha hecho notar que sus reivindicaciones se dirigen al Ministerio de Justicia porque no están de acuerdo con la ley de eficiencia procesal en tramitación parlamentaria y, además, aquellos profesionales destinados en las CCAA quieren equiparase a las retribuciones de los funcionarios autonómicos.
“Nosotros a lo largo de estos ocho años –ha detallado– hemos buscado una fórmula a través de un plan de actuación en el que anualmente hemos ido incrementando un determinado concepto retributivo para compensarlo pero llegamos a un tope. Estamos atrapados en problemas cuyas soluciones tienen que venir planteadas desde otras administraciones, pero finalmente la afectación directa es a la comunidad autónoma y a los ciudadanos”.
Por último, Bravo ha reiterado su voluntad de sentarse y dialogar aunque se trate de peticiones en los que la Generalitat tiene “poco margen de juego”.
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