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La Fiscalía sigue pidiendo una condena de 6 años de prisión para el propietario de una bodega, quien ha sido acusado de desviar 250.000 euros de su madre en Valladolid

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Tres peritos coinciden en que la nonagenaria padecía un grave deterioro cognitivo que la impedía firmar operaciones jurídicas

VALLADOLID, 25 (EUROPA PRESS)

Fiscalía de Valladolid ha mantenido hoy invariable su solicitud de seis años de cárcel para el bodeguero de La Cistérniga Ricardo U.R. por delito de apropiación indebida cometido entre los ejercicios de 2016 y 2019 en los que, como así sostiene, el encausado realizó distintas operaciones a través de la empresa familiar en las que se lucró con cerca de 250.000 euros del patrimonio procedente de su madre, una nonagenaria que sufría de Alzheimer.

Aunque los informes definitivos los expondrán las partes en la tercera y última sesión del juicio previsto para este viernes en la Audiencia de Valladolid, el acusador público ya ha anunciado su intención de mantener los cargos contra el empresario.

La postura del fiscal se basa, sobre todo, en las periciales de dos médicos y un forense de los juzgados que emitieron informe sobre la capacidad mental de la potentada vecina de La Cistérniga, poseedora de una importante fortuna, y coincidir los tres en que la las operaciones bajo investigación fueron efectuadas por su hijo cuando la anciana era ya una persona incapaz.

“En agosto de 2016 Társila no estaba capacitada para firmar una operación jurídica compleja”, han mantenido dos médicos que emitieron en su día informe sobre el estado mental de la anciana y también el forense de los juzgados, quien, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha recordado que al examinar a la mujer en octubre de 2018, cuando contaba con 90 años, le hizo una entrevista y varios test que confirmaron un “deterioro cognitivo grave” en un contexto de enfermedad por Alzheimer.

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“En la entrevista me dijo que tenía 10 años. Tal y como yo la vi, la mujer tenía un deterioro muy grave, no podía mantener una conversación. La enfermedad que padecía es de 5 a 10 años de evolución”, ha apuntado el forense, quien por eso duda muy mucho de que la mujer “estuviera en condiciones de entender una operación compleja como la firmada en 2016, cuando el acusado y la anciana constituyeron la sociedad unipersonal ‘Társila Fernández Gayo’, con un capital social de casi 10,5 millones de euros, una vez efectuada una posterior ampliación ese mismo año y en 2017.

Menos categórico se ha mostrado el especialista en medicina legal y forense y médico asistencial que atendió personalmente a Társila en su casa de La Cistérniga entre finales de 2018 y principios de 2019–la mujer falleció en agosto de 2020 con 92 años–, ya que ha mantenido que el deterioro cognitivo de la mujer era de carácter “moderado” pues, aunque presentaba problemas en el habla, “conservaba la capacidad volitiva, se hacía entender perfectamente” y mantuvo con ella “alguna conversación interesante”.

UNA MUJER CAPAZ, SEGÚN EL NOTARIO

En la línea de que la mujer estaba plenamente capacitada y era dueña del funcionamiento presente y futuro de la empresa que sostiene la defensa del empresario bodeguero se ha posicionado precisamente el notario que estuvo presente en la constitución de la sociedad unipersonal en agosto de 2016, al asegurar que la idea de Társila en todo momento era que con dicha operación su hijo Ricardo liderara la explotación familiar y que la misma siguiera unida.

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“Estaba al corriente de todo, quería dejar blindado el control de la sociedad por parte de su hijo y garantizar también el reparto de dividendos entre sus otros dos hijos–los que figuran en la causa como actores civiles contra su hermano–a los que dejaba participaciones con voz pero sin voto. Estos últimos tenían así derecho preferente a cobrar antes dividendos como contraprestación por no contar con voto”, ha explicado el notario, a lo que ha añadido que la nonagenaria tenía también muy claro que con esta operación se lograba rebajar en un 99 por ciento el impuesto de sucesiones.

Otra de las operaciones supuestamente delictivas imputadas al bodeguero es un plan de pensiones en su favor con dinero de la mercantil, algo que, sin embargo, ha quedado desmontado con el testimonio de un extrabajador de Caja Rura de Zamora que ha asegurado que dicha contratación se la ofreció a Ricardo la propia entidad de ahorro con la finalidad de rebajar el tipo de interés de un préstamo de 1.200.000 euros que había firmado la sociedad.

“Dada la edad de su madre, no se podía hacer a ésta el plan de pensiones y por eso se le ofreció al hijo con el único fin de rebajar el interés de ese crédito. Un plan de 50 euros al mes para un préstamo de esa envergadura era algo simbólico, insignificante”, ha enfatizado el extrabajador ‘bancario’.

También como testigos de la defensa, al igual que el anterior, han comparecido los dos hijos del acusado para insistir en que su abuela mantuvo todas sus capacidades intactas prácticamente hasta 2018 y que solo a raíz de tres caídas sufridas ese año y el anterior comenzó a padecer ciertos problemas cognitivos que le dificultaban el habla, aunque hasta entonces “se desplazaba a Valladolid a realizar operaciones en los bancos, sacaba dinero, iba a la peluquería y conducía su coche por la finca”.

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Otro de los testigos, representante de una empresa especializada en cementos, áridos y hormigón que trató con Társila, ha sido también muy gráfico al trasladar al tribunal su “sorpresa” por la memoria de la anciana demostrada en 2016. “Me llamó la atención porque la vi en la notaría y se acordaba de que me había visto tres años antes y me preguntó entonces por mis hijos”, ha manifestado el testigo.

El juicio concluye el próximo viernes, con la exposición de los alegatos definitivos de las partes. Fiscalía y la actora civil–dos hermanos del acusado–mantienen sus tesis acusatoris y la defensa, por contra, solicita un fallo absolutorio al entender que todas y cada una de las operaciones objeto de investigación fueron legales y, como así alegó el primer día el encausado, tenían por destino pagar “gastos” de la anciana madre y las nóminas de los seis u ocho trabajadores de la explotación.

Se trata de una basta extensión de casi 400 hectáreas de la Finca Dehesa de Fuentes destinada a viñedo, cereal de secano y regadíos. La finca está provista de distintas casas, corrales, bodegas, lagares y hasta de una iglesia con su cementerio.


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