Aena, a través de licitaciones públicas, se encargará de seleccionar a los operadores que gestionarán las torres que se liberalicen
MADRID, 21 (EUROPA PRESS)
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) insta al gestor aeroportuario Aena a que adopte “las medidas oportunas” para prevenir “de manera efectiva” los posibles conflictos de interés con Enaire en sus licitaciones, como la referida la próxima liberalización de las torres de control españolas.
La CNMC advierte de que si un filial de Enaire se presentase a las licitaciones, “los vínculos accionariales entre Aena y Enaire podrían incidir en la neutralidad de sus licitaciones”.
El regulador anticiparía así un posible conflicto de interés de Aena con Enaire, la entidad pública que tiene asignada la gestión de la navegación aérea en España. En estos momentos Enaire controla el tráfico aéreo en 21 torres no liberalizadas y cuenta con el 51% del capital social de Aena.
La CNMC responde así a la consulta de Enaire sobre la posibilidad de crear una filial (EGS – Enaire Global Services S.A.) que se presente a las licitaciones de las torres de control aéreo que convoquen Aena y otros gestores europeos e internacionales.
En su consulta, Enaire cuestionaba al regulador si existiría “un riesgo de conflicto de interés” por los vínculos empresariales entre Aena y Enaire y sobre la aplicación de la política de competencia al grupo Enaire.
Y es que el grupo, siguiendo el modelo de otros países de la Unión Europea, sopesa participar en el proceso a través de una filial. En España hay dos empresas privadas que ya operan en las torres de control liberalizadas (Ferronats y Saerco).
El Gobierno se prepara para llevar a cabo la liberalización de las torres de control en siete aeropuertos españoles: Tenerife Sur, Tenerife Norte, Málaga, Gran Canaria, Bilbao, Santiago y Palma de Mallorca. Se trataría de la mayor privatización de la gestión del control aéreo en España desde 2010, cuando se inició la liberalización de este sector.
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) decidirá las torres de control que se liberalizarán. Aena convocará las licitaciones públicas y seleccionará a los operadores responsables del control de tránsito aéreo.
Con esta segunda fase de la liberalización, el Ejecutivo trata de dar este servicio de la forma más eficiente. En 2018, un informe de la CNMC recomendaba al Gobierno que ampliara la liberalización iniciada en 2010 a un mayor número de torres “para así poder obtener eficiencias adicionales en este mercado, así como en mercados conexos, de modo que se generen ahorros, mejoras de calidad y aumentos de bienestar al consumidor”.
PODRÍA AFECTAR A LA NEUTRALIDAD.
La CNMC advierte que “si la filial de Enaire se presentase a las licitaciones, los vínculos accionariales entre Aena y Enaire podrían incidir en la neutralidad de sus licitaciones”.
Además, la CNMC señala que debería admitirse la participación de todos los operadores (públicos o privados) debidamente certificados por una autoridad nacional de supervisión de la Unión Europea en las licitaciones de Aena.
POSIBILIDAD DE EXCLUIR A ENAIRE
Por ello considera que Aena deberá adoptar “las medidas oportunas” para prevenir de manera efectiva los posibles conflictos de interés en sus licitaciones. “Si se produjeran y no encontrarse soluciones más efectivas, excluir a Enaire o a su filial EGS del proceso podría ser una solución necesaria”, advierte la Comisión.
El organismo independiente regulador de los mercados y encargado de garantizar una competencia efectiva asegura que Aena debe diseñar sus procedimientos de licitación “para que participen el mayor número posible de operadores y evitar restricciones a la competencia injustificadas”.
La CNMC recuerda que podrá ser consultada sobre el diseño de estos procedimientos. “La normativa de defensa de la competencia no impide crear empresas y que participen en licitaciones públicas. En todo caso, el comportamiento en el mercado de Enaire y su filial EGS debe respetar las reglas de competencia nacionales y europeas”, aclara.
El organismo que preside Cani Fernández aclara que realiza este informe únicamente en ejercicio de su función consultiva. Por tanto sus consideraciones “no condicionan ni vinculan las actuaciones que pudieran realizarse, en un futuro, desde una óptica sancionadora por las actuaciones del operador en cuestión”.
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