La cantidad estafada superaría los 100.000 euros, según la investigación policial
CARTAGENA (MURCIA), 21 (EUROPA PRESS)
La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal especializado en la falsificación de documentos oficiales para estafar a ciudadanos extranjeros, y ha detenido a cinco personas de nacionalidades española y marroquí por su presunta implicación en los hechos.
Según se desprende de la investigación, el principal responsable de esta red, un español afincado en Cartagena, se presentaba supuestamente a las víctimas como abogado especializado en Derecho de Extranjería con relaciones en distintos organismos oficiales.
La operación ‘Letrado’ arrancó cuando la Policía Nacional tuvo conocimiento de la existencia de una red criminal dedicada a realizar falsas solicitudes de autorizaciones de residencia y trabajo, así como fraudulentas resoluciones administrativas.
Para ello, el grupo habría creado diversas empresas ficticias con el supuesto fin de simular relaciones laborales, tratando así de dar credibilidad al procedimiento ante las víctimas, que en todos los casos eran ciudadanos extranjeros en situación irregular en España.
Por parte de los principales responsables se procedía, por diversos medios y a través de intermediarios, a la captación de inmigrantes necesitados de regularizar su situación administrativa.
Los intermediarios realizaban sus cometidos a cambio de comisiones. Una vez localizadas las víctimas se les citaba en un domicilio en el centro de Cartagena en el que el cabecilla de la organización exhibía títulos profesionales falsos, como la licenciatura en Derecho.
La estrategia del principal investigado consistía en sostener durante el mayor tiempo posible el engaño, con la finalidad de prolongar la estafa y obtener así el máximo rédito económico.
Comprobado el posible fraude por las víctimas, y tras acudir éstas a solicitar información sobre los procedimientos en curso y reclamar la devolución de las cuantías pagadas, el principal investigado denunció en varias ocasiones haber recibido amenazas por parte de las mismas.
Todo ello se encuadraba en la estrategia de amedrentar a los perjudicados para que no se pusiesen los hechos en conocimiento de las autoridades por temor a actuaciones administrativas en relación a su situación irregular, haciéndoles creer que serías expulsados del país.
Las gestiones practicadas por la Policía Nacional permitieron localizar a varias víctimas que corroboraron los hechos, constatándose posteriormente, a través de distintos organismos oficiales, que el número real podría ascender a 60.
Una vez determinada la estructura de la organización, el papel desempeñado por sus integrantes y la responsabilidad de cada uno de ellos, la Policía Nacional detuvo a los presuntos delitos de estafa, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.
Así, se procedió a registrar el domicilio del principal responsable, donde se intervino documentación de valiosa utilidad para la investigación, así como títulos universitarios falsos. La cantidad estafada superaría los 100.000 euros, según se desprende de la investigación, que continúa abierta.
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