HUELVA, 19 (EUROPA PRESS)
La Federación Andalucía Acoge, y su entidad federada Huelva Acoge, han presentado este miércoles en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Huelva, el informe: ‘Asentamientos 2022. Consecuencias de la discriminación en los asentamientos en la provincia onubense’, del que han destacado la situación de “extrema vulnerabilidad” y “exclusión social” de las mujeres en los asentamientos.
Según han indicado en una nota, este extenso estudio sistematiza información sobre las situaciones de discriminación en el acceso a los derechos de las personas migradas que viven en estos asentamientos, y propone soluciones para “lograr la inclusión y la igualdad de derechos de estos vecinos”.
Sus propuestas de mejora subrayan la necesidad de impulsar distintas acciones –a corto, medio y largo plazo– a través del trabajo coordinado de todos los agentes implicados: administraciones públicas, sindicatos, tejido empresarial, sociedad civil organizada y las propias personas que viven en los asentamientos, en una estrategia integral “desde una perspectiva interseccional y comunitaria”.
Andalucía Acoge ha destacado que espera que los resultados de esta investigación sean “una palanca de impulso para alcanzar nuevos compromisos por parte de las administraciones, especialmente desde los ayuntamientos”.
Así, han apuntado que en plena campaña de la fresa, son “especialmente relevantes” los resultados obtenidos en relación a “las situaciones de discriminación, vulnerabilidad y exclusión social de las mujeres que (sobre)viven en los asentamientos agrícolas de la provincia de Huelva”.
Entre las conclusiones más destacadas se muestra que “la ausencia de lazos sociales, el empleo precario y la infravivienda se combinan para ir mermando las opciones de estas mujeres y facilitar que las redes de trata culminen su proceso de exclusión social, captándolas con fines de explotación sexual o laboral, de forma más extraordinaria”. Asimismo, señala que las mujeres que no llegan a ser víctimas de estas redes de trata “se enfrentan a situaciones de vulneración vinculadas a la violencia física, control por ‘compañeros’ y agresiones sexuales”.
De este modo, han explicado que el 78,5% de las mujeres que han participado en esta investigación en la provincia se encuentran en situación administrativa irregular. De ellas, el 81,5% tienen nacionalidad marroquí, siendo el segundo grupo por nacionalidad el nigeriano (10,3%).
En su mayoría, la organización ha explicado que se trata de mujeres que han sido contratadas en origen en las sucesivas campañas agrícolas y que, tras el periodo oficial de contratación, deciden no retornar a Marruecos, indicando que esta irregularidad “sobrevenida”, unida a “la pérdida del espacio de alojamiento cedido por la empresa que las ha contratado en origen”, tiene como consecuencia que “en muchos casos la alternativa residencial sea el asentamiento”. “Se inicia entonces un proceso de exclusión que se agrava con la necesidad de mantener los ingresos mínimos para la subsistencia”.
A este respecto, han desgranado que aunque las mujeres presentan “un menor tiempo de estancia” en los asentamientos onubense de manera general que los hombres –el 73,5% llevan en el país menos de cinco años y el 61,2% más de un año–, la media de edad es superior y se sitúa en torno a los 41 años. Un 90,9% de ellas son madres, teniendo un 75,8% a sus hijos en sus países de procedencia.
Asimismo, señalan que estos porcentajes “también constatan” la relación directa con los perfiles “de mujeres marroquíes contratadas en origen: son mujeres adultas con cargas familiares que finalmente no regresan a su país y malviven en los asentamientos”.
“VÍCTIMAS DE TRATA Y NORMALIZACIÓN DE VIOLENCIA”
Según detalla el documento presentado este miércoles, un indicio “muy importante” para saber si una persona es víctima de trata es “si dispone libremente del dinero que genera con su trabajo”, de forma que “en el caso de la provincia de Huelva, un 6,7% manifestó no recibir nada del dinero y un 53,3% solo recibía una parte del dinero por su trabajo, el resto se lo quedaba el manijero, la pareja o la persona con la que había contraído una deuda”.
A este respecto, el informe también subraya que estas mujeres sufren “violencias múltiples” y “tienden a su normalización como herramienta de autodefensa para sobrellevar el día a día” y señala como ejemplo que “todas las mujeres entrevistadas manifestaron sentir miedo constantemente cuando están solas en los asentamientos o haber recibido comentarios o gestos ofensivos”.
El 57,1% de las consultadas consideran estar expuestas a violencia económica y solo un 7,1% señalaron violencia de tipo sexual, “pese a que ese porcentaje es mucho menor al de mujeres que se encuentran en situación de prostitución”. Otras violencias identificadas era la psicológica (35,7%), las amenazas (21,4%) y la violencia física (14,3%).
Esta investigación concluye que la situación documental, la edad, la etnia, la barrera idiomática, el bajo nivel educativo, entre otras, “son el caldo de cultivo perfecto para multiplicar la extrema exclusión que las mujeres en los asentamientos, que son consideradas meros objetos sexuales, sin voz, sin libertad, condicionadas por figuras patriarcales que las manejan”.
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
El trabajo de campo para la redacción de este documento se realizó durante los meses de marzo a octubre de 2022 con al trabajo diario en el terreno de Huelva Acoge. En la investigación han participado 216 personas (151 hombres y 65 mujeres) y se han realizado 770 entrevistas y 15 encuentros grupales.
La información se ha recogido a través de la experiencia y percepción de estas personas, en un total de dieciséis asentamientos de la provincia, en donde residen una media de 1.000 personas fuera de campaña, población que “puede llegar a triplicarse durante la campaña”.
En el listado que se realiza desde el Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA), en el que intervienen diversos agentes del territorio, se identificaron en 2021 un total de 41 asentamientos, 12 menos que en el 2020. Esto no significa necesariamente que haya menos personas, sino que las que han sido desalojadas se reubican en otros lugares. Estos enclaves se distribuyen fundamentalmente en cuatro municipios: Lepe, Moguer, Palos de la Frontera y Lucena del Puerto.
- Te recomendamos -
