MADRID, 17 (SERVIMEDIA)
El Presidente de la Asociación de Trabajo Social Penitenciario, Juan Carrión, denunció este lunes “la discriminación y el trato desigual” de estos profesionales respecto a los demás trabajadores del ámbito de prisiones, puesto que “somos el único colectivo laboral del mundo penitenciario” excluido de la función pública.
“Somos los únicos trabajadores que forman parte de órganos colegiados y que ejercen potestades públicas dentro de las prisiones con categoría de personal laboral y no funcionario”, explicó Carrión en rueda de prensa.
Según detalló, esto se traduce en “una importante brecha salarial, la ausencia del plus de productividad, la imposibilidad de ascender a puestos de dirección o de gerencia, condiciones distintas de cara a la jubilación y a los seguros sociales, menores posibilidades de movilidad interna y de carrera profesional…”.
NUEVA LEY
Por ello, exigió que la futura ley de función pública reconozca a los trabajadores sociales de prisiones como personal funcionario, algo que ya sucede en Cataluña y Euskadi.
Carrión pidió a los grupos parlamentarios apoyar las enmiendas a las disposiciones transitorias de esta ley (actualmente en el Congreso), que permitirían la creación del cuerpo de trabajadores Sociales Penitenciarios dentro del funcionariado.
A su juicio, el problema radica en la Ley General Penitenciaria, que data de 1979 y que maneja “un concepto del trabajo social en prisiones muy distinto del actual”.
La presidenta del Consejo General del Trabajo Social, Emiliana Vicente, subrayó a su vez “el compromiso” de los profesionales que trabajan en prisiones con “la reeducación y la reinserción social de las personas privadas de libertad o con medidas alternativas al ingreso en prisión”.
“Cumplimos un mandato constitucional”, y denunció “el incumplimiento sistemático” de la normativa española, europea y de Naciones Unidas al respecto. Según esta legislación, las personas que trabajan de forma permanente en prisiones deben estar contratadas como tal.
DEMASIADA BUROCRACIA
Por otro lado, Vicente lamentó “el excesivo peso de la burocracia” en el día a día de los trabajadores sociales del ámbito penitenciario, que dedican mucho más tiempo a tareas de tipo burocrático que a intervenciones con las familias, sus redes sociales próximas o al trabajo de inserción en la comunidad.
“Estamos mucho más ocupadas en labores que interesan a la institución que en las verdaderas necesidades de las personas” presas, lamentó.
Para Laura Monroy, vocal del Consejo general del Trabajo Social, el hecho de no ser funcionarios implica además que nuestras propuestas gocen de menor relevancia en las juntas de tratamiento”, donde se determinan las medidas personalizadas para cada caso. A su juicio, este reconocimiento facilitaría también sus intervenciones.
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