VALLADOLID, 17 (EUROPA PRESS)
El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, ha señalado este lunes en el Parlamento autonómico que la administración electrónica es un “camino sin retorno, es decir, la administración será electrónica o no será” y ha valorado el avance de las entidades locales en relación con esta cuestión.
En su quinta comparecencia del año en la Comisión de Economía y Hacienda, Amilivia ha presentado dos informes sobre el uso de las nuevas tecnologías de la sociedad digital en el ámbito de las administraciones públicas.
En este sentido, Amilivia ha explicado que las recomendaciones que emitió el Consejo de Cuentas en la fiscalización de la implantación y gestión de la Administración electrónica en las entidades locales de Castilla y León presentan un “elevado grado de aceptación”, con el 90 por ciento en las diputaciones y un 72 por ciento en los ayuntamientos de entre 10.000 y 20.000 habitantes
En base a ello, el presidente del Consejo de Cuentas regional ha valorado el avance que están dando las administraciones locales de la Comunidad en un ámbito “tan sensible y transcendental en las relaciones entre estas y la ciudadanía”.
Asimismo, Mario Amilivia ha subrayado que la administración electrónica es una “oportunidad no exenta de riesgos que las administraciones deben conocer y superar”, al tiempo que ha precisado que hay que ser “conscientes de que hoy, esos riesgos, esas amenazas, deben ser neutralizados con carácter permanente”.
PRIVACIDAD DE DATOS
En este marco, Amilivia presentó el informe que analiza las garantías relativas a la privacidad de los datos de los usuarios de la plataforma de educación online utilizada en los centros educativos de la Administración autonómica durante los cursos 2019/2020 y 2020/2021, y la fiscalización de la implantación y gestión de la administración electrónica en las entidades locales de Castilla y León, trabajo realizado en coordinación con el Tribunal de Cuentas.
Dos fiscalizaciones, ha destacado el presidente del Consejo de Cuentas, que han servido para diagnosticar “desde una visión constructiva” propuestas de mejora que permitan “superar las debilidades detectadas en el uso de tecnologías digitales e informáticas y que consolidan la posición del Consejo de Cuentas entre los órganos autonómicos de control externo más avanzados en esta materia”.
En esta línea, Amilivia ha indicado que el informe sobre la implantación y gestión de la administración electrónica en las entidades locales, aprobado el 30 de diciembre de 2021, “verifica” cómo ejercen sus competencias las diputaciones en la prestación de servicios en esta materia a los municipios de menos de 20.000 habitantes y la aplicación de la normativa relacionada por parte de los ayuntamientos.
Amilivia también ha precisado que, por otro lado, dicho documento examina los programas presupuestarios destinados a la administración electrónica, analizando la transformación digital de los siete ayuntamientos con población entre 10.000 y 20.000 habitantes (Astorga, La Bañeza y Villaquilambre, en la provincia de León; Béjar, Ciudad Rodrigo y Santa Marta de Tormes, en la de Salamanca; y Benavente, en Zamora).
RECOMENDACIONES
A este respecto, el máximo responsable del Consejo de Cuentas de Castilla y León ha remarcado que el órgano de control externo autonómico emitió ocho recomendaciones, cinco dirigidas a las diputaciones y el resto a los municipios.
Mario Amilivia ha detallado que el informe de seguimiento de las recomendaciones del ejercicio 2021, que incluye a todas ellas, refleja un “elevado grado de aceptación” por parte de las corporaciones provinciales y las entidades locales, bien corrigiendo carencias, aplicando parcialmente medidas o bien tomándolas en consideración.
Del análisis pormenorizado del cumplimiento de las recomendaciones, Amilivia ha señalado que las diputaciones alcanzan un 90 por ciento en el grado de aceptación y los ayuntamientos un 72 por ciento, algo que es una “expresión del avance que se está produciendo en una materia que permite a todas las personas que se relacionan con las administraciones mayor rapidez y comodidad”.
En la misma línea y empezando con la comparecencia sobre la plataforma de enseñanza online, Amilivia ha recalcado que el objetivo de este informe ha sido el de “analizar las actuaciones llevadas a cabo por la Administración autonómica en este ámbito, en un curso marcado por la crisis de la COVID-19, que forzó el cierre de los centros”.
La fiscalización analizó la regulación contenida en el contrato, convenio o acto jurídico utilizado como base para el uso de la plataforma, especialmente en cuanto a las herramientas que debe usar el prestador del servicio para garantizar la protección de la privacidad de los usuarios -fundamentalmente menores-.
También se analizaron las medidas concretas de la Administración para la protección sistemática y constante de la privacidad de los usuarios de la plataforma, se comprobaron las medidas tomadas para garantizar el ejercicio de los derechos por parte de los interesados y se verificaron si las medidas adoptadas están alineadas con las recomendaciones de la Agencia Española de Protección de Datos.
En relación con esta cuestión Mario Amilivia ha destacado el hecho “relevante” de que la Consejería de Educación haya presentado junto a sus alegaciones una serie de propuestas de actuaciones que “están en línea con el contenido –las medidas de mejora– que recoge el informe”.
“Y que serán objeto de seguimiento por el Consejo en su próximo trabajo sobre las recomendaciones”, ha apostillado el presidente del Consejo de Cuentas de la Comunidad, para después indicar en su exposición que Consejería proporciona el servicio de enseñanza online a través de dos plataformas, como son las aulas virtuales basadas en el software Moodle y el paquete Microsoft 365 que incluye, entre otras, la aplicación Teams.
También, que la consejería está aplicando medidas de protección orientadas según la política de seguridad de la información y protección de datos de la Comunidad, que se alinea con el Reglamento General de Protección de Datos.
PROTECCIÓN DE INTERESADOS
Con relación a la protección de los derechos del interesado, el informe del Consejo de Cuentas concluye que los datos para el alta en las plataformas “no se recaban específicamente para tal fin, utilizándose los proporcionados durante el proceso de matrícula en el caso de los estudiantes, y los procedentes del sistema de gestión de personal, en el caso de los docentes”.
En cuanto al Registro de actividades del tratamiento, la consejería ha elaborado uno disponible en la web de transparencia, si bien en materia de la evaluación de impacto de protección de datos y el código de conducta, señaló que la Consejería no ha realizado dicha evaluación al considerar que el riesgo de todos los tratamientos asociados a las plataformas de educación online “es bajo”.
Por otro lado, Amilivia ha destacado que, con relación a la figura del delegado de protección de datos, el nombrado por la Consejería desempeña dicha función para todos los centros educativos públicos de la Comunidad.
Un último bloque de conclusiones del informe analiza las actuaciones adoptadas en línea con las recomendaciones de la Agencia Española de Protección de Datos, que constituyen una selección de buenas prácticas que la consejería aplica parcialmente.
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