PAMPLONA, 17 (EUROPA PRESS)
Los sindicatos CCOO, STAJ, AFAPNA, LAB, UGT y CSIF se han concentrado este lunes en Pamplona con motivo del inicio de una huelga indefinida en el sector de los cuerpos generales de la Administración de Justicia de Navarra para reivindicar que se están produciendo reformas legales en las que no se les ha “consultado” ni se les ha hecho “la propuesta adecuada”.
Concretamente, desde este lunes tendrán lugar de manera indefinida paros de 10.00 a 13.00 horas, y el miércoles se producirá un paro completo, una jornada de huelga que coincidirá con una manifestación en Madrid a la que acudirán los sindicatos convocantes en Navarra.
En la concentración, realizada bajo el lema ‘Funciones claras, retribuciones justas’ y con carteles reivindicando el ‘reconocimiento de funciones’, los asistentes han gritado consignas como ‘No más funciones sin retribuciones’ o ‘Si no hay negociación, ministra dimisión’.
Según ha indicado a los medios de comunicación el delegado sindical y secretario de la Comisión de Personal de la Administración de Justicia de Navarra, Pedro Esparza, miembro de CCOO, la huelga, que comienza este lunes a nivel estatal y foral, está convocada por “los funcionarios, los que estamos en las oficinas judiciales, los temporales, los médicos forenses, los tramitadores… En definitiva, los ‘currelas'”.
“En Navarra somos 600 trabajadores los que estamos en las diferentes dependencias judiciales, y a nivel estatal somos 45.000. En cuanto a los sindicatos que estamos en la convocatoria o apoyamos esta huelga, somos CCOO, el Sindicato de Trabajadores de Administración de Justicia, Afapna, LAB, UGT y CSIF. Excepto ELA, todo el resto de sindicatos, la Comisión de Personal de esta comunidad, estamos convocando esta huelga, y a nivel estatal estamos en la misma situación”, ha señalado.
Esparza ha explicado que “hacemos esta huelga por diferentes cuestiones”. “Consideramos que hay reformas legales en las que no se nos ha consultado ni se ha hecho la propuesta adecuada. Se quiere modificar sustancialmente la situación de la Administración de Justicia, la organización judicial. Está en trámite de la ley de eficiencia organizativa y a nosotros no se nos ha consultado ni se ha dado pie a trasladar nuestra opinión respecto”, ha relatado.
Además, ha considerado que el acuerdo suscrito entre el ministerio y los Letrados de Administración de Justicia (LAJ) “es lesivo contra nuestro propio personal”. “Nos ningunea porque realizamos el 90% de las funciones de las órganos judiciales, y con este acuerdo se ensancha la brecha salarial que se da entre los propios Letrados de Administración de Justicia y el personal de los cuerpos generales y especiales. Se les paga por funciones que nosotros realizamos”, ha manifestado.
Entre otras cuestiones, los sindicatos reivindican “la paralización de la tramitación parlamentaria de la Ley Orgánica de eficiencia organizativa hasta que se alcance un acuerdo para su modificación en la Mesa Sectorial de la Administración de Justicia”, así como “reconocimiento profesional y retributivo a las funciones que realmente realizan los cuerpos funcionariales”.
“Reivindicamos un incremento del complemento general de puesto, que se aplica a todos los cuerpos generales y especiales y para todos ámbitos territoriales en el ámbito estatal, de 430 euros para médicos forenses y facultativos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, 400 euros para el cuerpo de gestión procesal, 375 para el cuerpo de tramitación procesal y 350 para del Cuerpo de Auxilio Judicial. Reclamamos, además, que se desarrolle un real decreto que plantee la carrera profesional en nuestro propio ámbito”, ha añadido Esparza.
En respuesta a los medios de comunicación, ha señalado que la huelga puede provocar que se suspendan juicios y que se ralentice la tramitación de los procedimientos. En cuanto al acuerdo firmado entre los letrados de justicia y el ministerio, Esparza ha respondido que “es singular que lo firmara el ministro de Hacienda”. “No firma el Ministerio Justicia, buscando ciertas triquiñuelas en cuanto a cómo se tenía que plantear el acuerdo”, ha dicho, para a continuación subrayar que “era un acuerdo que desde un determinado punto se puede considerar legítimo, pero el ministerio no cumplió una de las cosas que debiera haber cumplido: haber abierto o reforzado la negociación con los cuerpos generales, que ya la teníamos abierta, y además reconocer retributivamente no solamente a los letrados, sino a todos los operadores que estamos en la Administración de Justicia a nivel estatal”.
Así, ha criticado que el acuerdo solamente beneficiaba a los letrados de Justicia, que suponen “el 6 o 7% del personal de la Administración”. “El otro noventa y tantos por ciento nos quedamos huérfanos y nos sentimos ninguneados”, ha remarcado.
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