MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
Comisiones Obreras ha advertido de que el gasto real en Ciencia “sólo” alcanza el 0,75% del Producto Interior Bruto sumando los fondos europeos, “muy lejos del objetivo del 2% fijado hace casi dos décadas”.
Así lo refleja el sindicato en el informe ‘PGE 2023 de I+D+i: ¿el fin de una ilusión?’, presentado este martes, en el que destaca que, sin sumar los fondos europeos, “el gasto real continúa en el 0,25% del PIB”.
El análisis realizado por la representante de CCOO en el Consejo Rector de la Agencia Estatal de Investigación y el Consejo Rector del CSIC, y miembro de la sección sindical estatal de CCOO en el CSIC, Alicia Durán, relativiza que se trate del “mayor presupuesto de la historia”, como anunciaba el Gobierno.
En concreto, el estudio detalla que la partida presupuestaria de los capítulos I-VII, el gasto real, queda en 3.837 millones de euros, 340 por debajo de las cifras de 2009, cuando se destinaron 4.176 millones y matiza que las cifras “mejoran notablemente si se suman los 7.655 millones provenientes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, una cuantía temporal, que supondrá un escenario de pérdida presupuestaria a partir de 2024”.
CCOO señala, además, las “dificultades” en la gestión y ejecución de los fondos. Así, asegura los Organismos Públicos de Investigación recibirán un total de 2.301 millones de euros, de los que más de la mitad se asigna al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que “recibe 1.213 millones, un 13 % menos que en 2022”.
Por su parte, el informe refleja que el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) y el Instituto de Salud Carlos III sitúan su presupuesto en 196 y 487 millones, respectivamente. El primero mantiene las cifras de 2022, mientras que el segundo reduce sus cuantías en un 13%.
Respecto a la inversión de las partidas provenientes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el estudio destaca que la distribución se concentra en el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, con un 55,3%; el Ministerio de Ciencia e Innovación, con un 21%; y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, con un 20,3%.
En este sentido, el sindicato recuerda que ya en 2022 denunció la laxitud de los criterios de distribución al sector empresarial realizado por el departamento de Nadia Calviño, “que asignó entonces más del 70% de sus 3.285 millones al ámbito privado”.
CCOO apunta a la “falta de personal” como el mayor problema en los OPI, con una pérdida de 600 puestos fijos desde 2010 hasta la actualidad. Advierte de la “elevada” media de edad de la plantilla, en torno a los 55 años, cuando en el personal investigador la máxima productividad se alcanza a partir de los 40 años de carrera laboral.
Avisa, además, de las “dificultades” que esto supone para la gestión de los recursos del MRR, un trabajo adicional al ordinario y que genera un importante incremento de las cargas de trabajo que, a su juicio, “se sostendrá al menos hasta 2026”.
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